Las novedades suelen generar expectativas y escepticismo a partes iguales. De hecho, el impacto social y mediático del Plan de Garantías Ciudadanas corrobora esa premisa. Pero para entender la dimensión de las novedades conviene realizar ciertos ejercicios de memoria y retrotraerse a la historia reciente y a los puntos de los que se parte, en el caso que nos ocupa, en relación a las políticas sociales implementadas en nuestra Región.
 
Algunas de las prestaciones integradas en Plan Integral de Garantías Ciudadanas ya existían anteriormente. Tal situación puede provocar que la comparativa directa con los años anteriores a la puesta en marcha del Plan se haga más compleja. La novedad radical es que, frente a la anterior descoordinación y dispersión de políticas públicas en materia social, por primera vez se ha procedido a una integración y reordenación de medidas y prestaciones. Todo ello ha podido trasladar confusión en los análisis de ciertos medios de comunicación. Por lo mismo, y en aras a la claridad, precisaré algunas cuestiones de cierta relevancia con respecto al Plan Integral de Garantías Ciudadanas.
 
El Plan nace con el objetivo de mejorar la respuesta a las necesidades de una población duramente golpeada por la crisis económica. Para ello integra las medidas anteriormente dispersas y de las que carecíamos de un histórico de evaluaciones de su impacto y efectividad. En esta dirección, a ocho meses de nuestra entrada en el Gobierno, se ha conseguido implementar el Plan con importantes mejoras de cobertura, se ha elaborado el Primer Informe de Seguimiento del 2017, disponemos de un diagnóstico en profundidad de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la región y se ha elaborado el borrador de Anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha ajustándolo a dicho diagnóstico. Rara vez en las políticas sociales de nuestra tierra se ha hecho tanto, y tan novedoso, en tan poco tiempo.
 
En relación a las principales mejoras del Plan destacan: el significativo aumento presupuestario en el 2018, que supone un incremento del 31,6% respecto a algunas de las medidas existentes en el 2016, y del 20% respecto al 2017; el aumento de la cuantía y el tiempo de percepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad; la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos. También la mejora del Plan de Pobreza Energética, pudiendo percibir dos prestaciones al año en lugar de la única que se había previsto en 2016.
 
Como parte de nuestro compromiso político, por primera vez en Castilla-La Mancha, el día 20 de marzo, se hace público el Primer Informe de Seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías Ciudadanas. En él se analiza la implementación y el impacto del mismo. Entre los principales resultados globales destaca la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017 que han recibido un total de 100.000 perceptores. Con respecto al 2016 se produce un incremento en el volumen de prestaciones del 23,4% pasando de 111.088 en 2016 a 137.062 en el 2017.
 
Sin embargo, diseñar políticas sociales adaptadas a las situaciones reales de la población requiere un diagnóstico en profundidad que determine el conjunto de necesidades y la dimensión de las mismas. Por primera vez en nuestra Región, la Universidad de Castilla-La Mancha elabora  un estudio representativo en todas las provincias y capitales de Castilla-La Mancha con el objetivo de fijar la “población de alta vulnerabilidad” a la que debe dirigirse una Ley que tenga como objetivo proveer a la ciudadanía de los recursos necesarios para tener una vida digna. Entre los principales resultados de este diagnóstico cabe resaltar que, del total de hogares de la región, el 16,7% vive en hogares con bajos ingresos y que, en el conjunto de los hogares con menores, esta situación afecta al 14,7% de estos hogares.
 
En definitiva, el borrador de Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas nace de un proceso riguroso de implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, de la evaluación del mismo y del análisis científico de las necesidades de la población. Con ello, el borrador de Anteproyecto de Ley no solo incorpora las principales prestaciones del Plan a través de un conjunto de Garantías Complementarias, sino que crea, por primera vez en Castilla-La Mancha, un Derecho de Garantía de Ingresos por encima de los 600 euros, a través de la Renta Garantizada como derecho subjetivo que, en su primer año de aplicación, prevé llegar al 90% de nivel de cobertura de los hogares con menores con bajos ingresos.
 
Este nuevo derecho no permite comparativa, es un sistema de protección social totalmente nuevo, sin precedentes en Castilla-La Mancha, porque sencillamente no existía en nuestra Región. Es un paso adelante con el objetivo de alcanzar el 100% de protección. Porque sabemos que, garantizar la igualdad social es garantizar la libertad individual.
 
Inmaculada Herranz
Consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas