La presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Juristas "Themis", María Durán, señaló que la principal novedad de este acuerdo radica en que aborda una asistencia jurídica integral, no sólo desde el punto de vista penal, sino también civil y aseguró que "este es el protocolo más concreto y riguroso que conocemos de todos los que se han adoptado de este tipo".

El Gobierno de Castilla-La Mancha está poniendo en marcha un programa de asistencia jurídica-procesal para las mujeres víctimas de violencia doméstica a través de un convenio de colaboración que, en breve, se suscribirá con la asociación de mujeres juristas "Themis", según informó hoy la directora general de la Mujer, Ángela Sanroma.

Precisamente para coordinar las actuaciones que conforman este programa, al que, aunque no esté firmado el convenio, ya pueden acogerse las mujeres víctimas de malos tratos, esta mañana han mantenido una reunión de trabajo en Toledo todas las abogadas de "Themis" en la región, los profesionales de los centros de atención a la mujer dependientes de la Junta de Comunidades y abogadas y coordinadoras de las casas de acogida de la región.

En opinión de Sanroma, la puesta en marcha de este programa es muy importante pues hasta el momento ha habido una atención insuficiente hacia las mujeres que han sufrido este problema desde el punto de vista de juicios, de asistencia jurídica y de turnos de oficio.

Por su parte, la presidenta nacional de "Themis", María Durán, destacó que este convenio para la asistencia a las mujeres maltratadas presenta como principal novedad que oferta una asistencia jurídica integral a las víctimas de violencia doméstica, tanto desde el punto de vista penal como civil.

Así, cualquier mujer que sufra este tipo de violencia se puede acoger a este programa dirigiéndose a alguno de los centros de la mujer que componen la red de la Junta de Comunidades, donde inmediatamente se le asignará una abogada que le prestará la atención jurídica desde ese momento y hasta que haya una sentencia firme que ponga fin al proceso judicial.

María Durán explicó que las abogadas lo primero que harán es solicitar al juez medidas de protección y, si la víctima de los malos tratos así lo desea, también solicitarán medidas provisionales de separación. Asimismo, en el caso en que la violencia ejercida se considere delito (algunos casos se tipifican como faltas), se interpondrá la correspondiente querella criminal y asistirán a la mujer hasta que finalice completamente el proceso, esto es cuando se dicte sentencia firme.

A juicio de Durán, el protocolo de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha es el más concreto, completo y riguroso de todos los que conoce. "Si se cumple, podemos asegurar que la asistencia integral de la mujer víctima estará garantizada".

Asimismo, la presidenta de "Themis" indicó que "esto es muy importante para que la víctima que denuncia deje de ser una heroína mal vista y para que además de la presunción de inocencia del presunto agresor, también se consideren los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de la víctima".

Medidas de protección a la víctima

Entre las medidas de protección que se solicitarán al juez, María Durán señaló el desalojo temporal de la vivienda del presunto agresor, la prohibición de acercase al lugar de residencia y al de trabajo a menos de 300 metros, abstenerse de penetrar en el lugar donde esté la víctima y que el juez que adopte estas medidas advierta al agresor que su incumplimiento le acarreará ser perseguido también judicialmente por un delito de desobediencia a la Administración de Justicia.

"Si a estas medidas de protección -que se dictan en un plazo de 72 horas- les sumamos las medidas provisionales de separación habremos conseguido pasar de una víctima indefensa a una víctima defendida", señaló Durán, quien añadió que con el proceso judicial se consigue finalmente que deje de ser víctima.

A juicio de María Durán, hasta hace poco los jueces eran reacios a aplicar las medidas de protección, basándose en la presunción de inocencia hasta que se dicta la sentencia, pero parece que ahora el sentir mayoritario de los jueces e, incluso, del Consejo General del Poder Judicial, se inclina por la protección de las víctimas, especialmente si hay denuncias previas o si valoran que está en peligro la integridad física de la mujer.

La presidenta de la asociación de mujeres juristas "Themis" indicó que además de la asistencia judicial y profesional, "dada nuestra condición de feministas y defensoras de los derechos de la mujer, también van a encontrar el apoyo humano y cálido que necesitan ante la situación y las presiones que viven".

La directora general insistió en que las mujeres que quieran ya pueden acogerse al programa con sólo dirigirse a la red de centros de atención de la Junta y explicó que el convenio se firmará en breve porque todavía se están perfilando algunas actuaciones como la inclusión de que en caso de fallecimiento de la mujer víctima de violencia doméstica, las abogadas asistan a la familia como acusación particular.

"Themis" cuenta con una veintena de profesionales en Castilla-La Mancha, pero dedicadas al programa habrá seis abogadas en cada provincia a partir del próximo año.

Este convenio se suma, según recordó Sanroma, al Protocolo firmado el pasado 1 de julio con el presidente de la Audiencia de Ciudad Real para la creación de un turno de oficio especializado para las víctimas de violencia doméstica. Un protocolo que se pretende extender al resto de provincias de la región.

Asimismo, también se incluye la celebración en la segunda quincena de septiembre en Ciudad Real de unas jornadas de formación y sensibilización de la Administración de Justicia hacia estos casos.

Por último, la directora general de la Mujer señaló que en los primeros cinco meses del presente año en Castilla-La Mancha se han producido 157 denuncias de malos tratos, ha habido una muerte y se han denunciado 18 agresiones sexuales.

Por provincias, en Albacete se han presentado 43 denuncias de malos tratos; en Ciudad Real, 34; en Cuenca, 26 denuncias; en Toledo, 25; en Talavera, 22; y en Guadalajara, 7 denuncias.