Albacete, 9 de noviembre de 2016.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha se ha incorporado al Programa de Intermediación Hipotecaria que la Junta de Comunidades iniciaba en octubre del año pasado con la participación de los Colegios de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo y el Colegio regional de Trabajadores Sociales y que ha servido para evitar el desahucio directo de 38 familias cuyos procesos habían llegado a término en sede judicial además de proporcionar asesoramiento o intermediación a más de 1.200 personas con problemas para hacer frente a las cuotas de sus respectivas hipotecas.
 
La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, y el presidente del TSJCM, Vicente Rouco, han comunicado hoy públicamente la firma de un convenio por el que el Alto Tribunal castellano-manchego se ha adherido formalmente al programa. Firmado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y por su homólogo del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el convenio reconoce la necesidad mutua de actuar cuando se produce un incumplimiento sobrevenido de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios que puedan culminar en procesos de ejecución que supongan la pérdida de la vivienda habitual.
 
El convenio reconoce que el riesgo de exclusión también puede afectar a los supuestos de procesos de desahucio abiertos por impago de rentas de arrendamiento. En ambos casos se establece un protocolo de actuación conjunto siempre que se observe una situación de especial vulnerabilidad de los afectados. Esta circunstancia permitirá una rápida comunicación del problema a los profesionales de las OIH en las primeras etapas del procedimiento judicial, ya sea a través del propio juez, el letrado de la administración de Justicia o de cualquiera de las unidades que componen cada tribunal y siempre que así lo deseen las personas o familias afectadas.
 
Cerrar el círculo
 
Según ha explicado Elena de la Cruz, al trabajo que la Consejería ha efectuado durante el último año en la implicación de los distintos organismos que pueden contribuir a paralizar un desahucio, le faltaba “una parte importante”, que arranca “cuando el procedimiento judicial ya se ha iniciado. Ahora podemos atender en cualquier estadio de este proceso”. De la Cruz ha agradecido la disposición del presidente del TSJCM desde que le fue propuesta la participación de los órganos judiciales a finales del pasado año. La consejera ha destacado también las posibilidades de control estadístico que permite la inclusión de los juzgados en el programa. “Teníamos que saber la incidencia real que estos procedimientos tienen en vivienda y en primera vivienda”, ha afirmado, ya que muchas de las ejecuciones abiertas en los juzgados afectan a otro tipo de bienes inmobiliarios que no son objeto del programa de intermediación. Para Elena de la Cruz, el compromiso del Alto Tribunal regional permite “cerrar un círculo” en cuanto a las entidades que participan en el programa.