Toledo, 26 de octubre de 2015.- El Plan extraordinario y urgente por el empleo, concebido inicialmente para el periodo 2015-2017, podrá prolongarse hasta el final de la legislatura si funciona correctamente. Este Plan “ambicioso e integral”, se ha alcanzado en un tiempo récord para “generar electroshock sociales y económicos” con el objetivo de producir un cambio de rumbo lo antes posible.
 
Así lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la firma en Toledo del Acuerdo para la Aplicación del Plan Extraordinario y Urgente por el Empleo 2015-2017 con CCOO y UGT, que permitirá establecer con los sindicatos un marco de colaboración, divulgación y seguimiento de un Plan que incluye la inversión de 224 millones de euros para impulsar la creación de 60.000 puestos de trabajo durante los dos próximos años.
 
“Si cuando lleguemos al ecuador de su aplicación, vemos que el Plan está funcionando correctamente como creemos que va a ser, seguirá acompañando al proceso de recuperación económica”, ha garantizado García-Page, al tiempo que ha señalado que la mencionada estrategia no deja de ser “dos muletas” al proceso de recuperación económica.
 
Este plan, ha proseguido el presidente, tendrá un objetivo social de fondo, “aminorar y evitar a medio y largo plazo la brecha social que se ha generado en España en los últimos años”. Por eso, ha añadido, “hoy ha quedado comprometido algo que para este Gobierno va a ser una realidad gobierne quien gobierne en España, que en nuestro país no haya ni una sola familia sin, al menos, un solo ingreso”.
 
En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado de “determinante” conseguir que haya un “suelo social” para todos, que garantizará un mínimo de subsistencia. “Y ese suelo será una realidad en Castilla-La Mancha”, ha afirmado.
 
Contratos de seis meses
 
Por otro lado, el presidente García-Page ha explicado que gracias a los sindicatos, el Plan de políticas activas que se va a generar con los ayuntamientos se trasladará “al menos en un 80%” a contratos de seis meses. “Ha prevalecido una razón social del empleo”, ha proseguido, pues un empleo de medio año “significa que el trabajo no está improvisado y que merece la pena”, y permite a los trabajadores reengancharse al ciclo social y económico.
 
Asimismo, García-Page ha asegurado que, desde la Administración regional, “preferimos que haya menos contrataciones”, pero que la medida sea “más ambiciosa y no un parche”.
 
Por su parte, el secretario general de COOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha explicado que la rúbrica de este acuerdo es “un acto de desagravio para las miles de personas a las personas que han sido olvidadas y menospreciadas cuatro años por los Gobiernos sin alma”. Como ha indicado, además, “es un Acuerdo que hay que poner en pie y la buena disposición de la consejera en particular y del Gobierno en general nos hace pensar que en unas semanas veremos de una manera tangible resultados”.
 
El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha manifestado que el escaso margen de maniobra que han dejado los Presupuestos Generales del Estado, “no aminora el deber de atender las situaciones que se generan en las personas”. En este sentido, “esta firma es un acto de justicia con nuestra gente, es un acto imprescindible y un acto que habríamos firmado con cualquier Gobierno, pero que no ha sido iniciativa de cualquier gobierno, ha sido una iniciativa de éste”.
 
Un llamamiento a la corresponsabilidad
 
En otro orden de cosas, el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad y ha pedido a todas las instituciones, “sean del color político que sean”, que no pongan trabas al Plan y que se sumen al mismo.
 
“Me gustaría reclamar a todas las instituciones que no se dejen llevar por el sectarismo. Si hay presidentes de las diputaciones que no se suman deben saber que condenan a sus ayuntamientos y a sus desempleados a una mayor dificultad”, ha indicado. Y es que una diferencia en la aportación de fondos que le corresponde a cada Diputación, que no se hace a cinco partes iguales sino en función de la tasa de desempleo que tiene cada provincia, supondría una mayor aportación de los ayuntamientos, e impediría una implementación similar y justa en todos los territorios como pretende este Plan.