Sacedón (Guadalajara), 26 de agosto de 2015.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido “un debate serio que ha faltado durante mucho tiempo en España” sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura. Un debate, ha subrayado, en el que se pongan sobre la mesa “los intereses de la cuenca cedente” y que, al mismo tiempo, sea “sincero, serio” y “en el que nadie salga perdiendo”.
 
Así lo ha asegurado el presidente del Ejecutivo autonómico durante la visita que ha realizado este miércoles a Sacedón (Guadalajara) donde ha podido comprobar “in situ” el estado de extrema gravedad en que se encuentran los pantanos de cabecera, al borde del 15% de su capacidad.
 
Una visita en la que ha estado acompañado por el alcalde de Sacedón (Guadalajara) y presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla; la consejera de Fomento, Elena de la Cruz; el delegado de la Junta en provincia de Guadalajara, Alberto Rojo, y el director de la Agencia Regional del Agua, Antonio Luengo.
 
García-Page ha incidido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que “éste no es un asunto autonómico”, sino “un problema de toda España”, pero que, en cualquier caso, este debate se debe abordar desde la perspectiva de dar solución a la “situación de injusticia” por la que atraviesan, sobre todo, el Tajo Alto y el Tajo Medio, en donde el río, en muchos casos, deja de serlo para convertirse “en un arroyo”.
 
Asimismo ha manifestado su disposición a llegar a “todos los acuerdos posibles” a nivel nacional, aunque también ha advertido que “no podemos conformarnos” con el tratamiento “injusto” que Castilla-La Mancha recibe actualmente.
 
García-Page ha asegurado que “cada metro cúbico de agua es materia prima, es riqueza, es vida” y que, por ello, el Gobierno regional no va a consentir que lo que es signo de oportunidades en un sitio, se logre “a costa de la pobreza” y la “falta de oportunidades” para Castilla-La Mancha.
 
Por ello ha reclamado “oportunidades de vida” y un Tajo en el que no se produzcan “atentados y atropellos ecológicos”, transportando un caudal menor de lo que marcan las directrices europeas al respecto.
 
Solidaridad
 
El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que “desde la región defenderemos siempre un planteamiento solidario en todos los sentidos con el agua” pero también “con la fiscalidad y los fondos del Estado”.
 
García-Page ha dejado claro también que no quiere “el mal de nadie” y que no es intención del Gobierno de Castilla-La Mancha poner en “una situación imposible” ni a los regantes ni a los industriales de Levante.
 
Pero, ha destacado asimismo que, “si decimos que el agua es de todos también es de Guadalajara, de Toledo… también es de la cuenca del Tajo” ya que “estamos viendo frenadas las posibilidades de crecimiento de nuestra tierra e incluso el desabastecimiento de poblaciones” que tienen que alimentar sus suministros con cisternas.
 
En este mismo sentido, ha reiterado que no quiere ni compensaciones, “ni quiero tampoco votos” pero ha pedido coherencia y ha reclamado que “lo que vale para unos ríos, también tiene que valer para otros”, en referencia al Ebro.
 
Memorándum
 
El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido también al Memorándum Tajo-Segura y ha recalcado que “el río y la situación de los pantanos dejan en evidencia a los que hace dos años firmaron una paz que consiste simplemente en la sequía del río”.
 
García-Page ha reclamado igualmente al Gobierno central que, cuando se aprueban los trasvases, primero que los anuncien y los hagan públicos y ha denunciado que “el último trasvase lo han aprobado de tapadillo”.
 
Asimismo ha advertido que “nos van a tener en frente ante cualquier ilegalidad” y que la ley actual “es injusta y la vamos a combatir”.  
 
Al respecto, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha anunciado que el próximo martes se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación el recurso contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos firmado por la ministra de Agricultura el pasado 27 de julio y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado cinco días después.
 
Una vez sea aprobado por el Consejo de Gobierno, el recurso se presentará en la Audiencia Nacional. La consejera ha recalcado que el informe jurídico que acompaña al recurso avala las tesis que el Gobierno regional mantuvo desde el principio en relación a la ilegalidad de aquel envío de agua.