20/04/2017Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital
En un encuentro en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

El Gobierno regional traslada a CSIF las repercusiones que tendrá la no aprobación de los presupuestos regionales para los empleados públicos

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado que las cuentas de 2017 incluían la recuperación del 1,5 por ciento salarial para los empleados públicos.
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá dificultades para abonar el previsible incremento del 1 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos y para aprobar una Oferta de Empleo Público para 2017.

Toledo, 20 de abril de 2017.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mantenido hoy una reunión con representantes del sindicato CSIF para informarles de las repercusiones negativas que tendrá para los empleados públicos la no aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017.
 
En el encuentro, que ha tenido lugar en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y al que ha asistido el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, y la secretaria de Negociación del sindicato en la región, Victoria Ortiz, también se han analizado las consecuencias para el conjunto de la sociedad del rechazo de estas cuentas regionales, que estaban pactadas con Podemos.
 
En relación con los empleados públicos, Ruiz Molina ha subrayado que en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 estaba contemplado el incremento a los empleados públicos del 1,5 por ciento salarial, que suponía iniciar la devolución de la llamada ‘tasa Cospedal’, que fue una reducción salarial del 3 por ciento que se hizo a los empleados públicos de esta Comunidad Autónoma.
 
Esta devolución, que se sumaba al proceso de recuperación de derechos retributivos y laborales de los empleados públicos que se puso en marcha desde el inicio de la Legislatura, no se podrá llevar a cabo tras el rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2017.
 
Igualmente, ha continuado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha trasladado a CSIF las dificultades con las que se va a encontrar el Gobierno regional si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se aprueban y contemplan, como se prevé, una subida del 1 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos, dado que es normativa básica que Castilla-La Mancha está obligada a cumplir.
 
“En un presupuesto prorrogado no está contemplado ese incremento, por lo tanto, obligará a que tengamos que hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para poder acometer ese incremento, lo que implicará que tengamos que quitar dinero de otras partidas”, ha lamentado Ruiz Molina al respecto.
 
En la reunión, en la que ha estado presente el director general de Función Pública, José Narváez, también se ha transmitido a los representantes del sindicato la dificultad que va a suponer la no aprobación del Presupuesto en relación con la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017.
 
Si finalmente, como consecuencia de la iniciativa del presidente regional, Emiliano García-Page, en la Conferencia de Presidentes, desaparecen prácticamente las tasas de reposición en los servicios públicos fundamentales, el Gobierno regional tenía previsto en los tres próximos años incrementar considerablemente el número de empleados públicos que pudieran acceder con carácter definitivo a la Administración regional.
 
“Con la no aprobación de los presupuestos también se va a dificultar esa decisión, que era importante para los empleados públicos pero también para la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos”, ha añadido Ruiz Molina.
 
De la misma forma, ha explicado Ruiz Molina, habrá dificultades en relación con los procesos selectivos abiertos de la OEP del ejercicio pasado, en la medida en que suponen un gasto que tampoco está contemplado en los presupuestos de 2016 y que, por tanto, en caso de afrontar con el presupuesto prorrogado, supondrán una reordenación de las partidas presupuestarias.
 
“Son procesos que se van a continuar realizando, pero los gastos en los que se incurre como consecuencia de su desarrollo obligan a reorganizaciones o reducción de otras partidas de gasto”, ha explicado en relación con este asunto.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2017 contemplaba un incremento de unos 300 millones de gasto no financiero, que no podrá ser redirigido hacia políticas sociales, que era lo que pretendía el Gobierno regional. Unas cuentas que también contenían incentivos para favorecer el crecimiento económico y, por tanto, la creación de empleo.
 
Ruiz Molina ha finalizado su intervención resaltando que “la importancia que el Presupuesto tiene para los ciudadanos va mucho más allá de las peleas internas que pudieran tener en el seno del grupo parlamentario Podemos”.
 
Por su parte, el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha ha valorado positivamente la reunión, en la que ha trasladado la preocupación del sindicato por la no aprobación de los presupuestos, dado que Castilla-La Mancha no se puede permitir perder 500 millones de euros.

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