Navamorcuende (Toledo), 21 de noviembre de 2024.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en una nueva normativa que va a permitir simplificar los procedimientos urbanísticos que servirán para favorecer el trabajo de estos municipios en materia de vivienda.
 
Se trata, tal y como ha explicado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, de seguir por esa senda de agilización de los trámites dotando de herramientas a los pequeños municipios para poder movilizar viviendas en zonas afectadas por la despoblación con el fin de “incrementar la oferta de vivienda en estos municipios”.
 
Ha sido durante el acto de firma de los contratos para la elaboración de las cinco Agendas (piloto) de Desarrollo Urbano y Rural con los correspondientes Grupo de Acción Local y las empresas que se van a encargar de la redacción, que se ha celebrado en la localidad toledana de Navamorcuende donde, junto al viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo; el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; y el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega.
 
El objetivo es agilizar no solo la concesión de licencias, sino también la aprobación de otros instrumentos urbanísticos como calificaciones urbanísticas, proyectos de urbanización o de reparcelación, entre otros, que van a servir para la implantación de empresas en el territorio y el desarrollo de nuestros pueblos.
 
Guijarro ha insistido en la urgencia de adaptar la Ley de Contratos del Estado a estos pequeños municipios, porque, ha argumentado, “no pueden tener los mismos procedimientos que las grandes ciudades ya que son importantes operadores en el territorio y se les tiene que permitir operar con las empresas del territorio”.
 
Asimismo, ha apelado al resto de administraciones a ser “conscientes de que cuando aprobamos normativa tenemos que prever la aplicación de esa normativa en estas zonas” algo que, ha continuado, en Castilla-La Mancha ya se hace tras incluir la obligación de la Memoria de Impacto Demográfico en toda la normativa de la región desde el año 2022.
 
Objetivo: acercar la lupa a cada territorio
 
Durante su intervención, ha recordado que el Proyecto de Ley de Presupuestos regionales para el año 2025, ahora en tramitación parlamentaria, contempla un total de 2.036 millones de euros para el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia.
 
Para seguir avanzando en la lucha contra la despoblación y en el marco de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, el Ejecutivo regional junto con Recamder  (Red castellanomanchega de Desarrollo Rural) han impulsado las Agendas de Desarrollo Urbano Rural que se han concebido como un instrumento que se ha concebido para “acercar la lupa en cada una de las 26 zonas que tenemos identificadas como escasamente pobladas la región” e  identificar los estrangulamientos que están impidiendo el desarrollo económico y el asentamiento de población en estos municipios.
 
El objetivo, ha continuado Martínez Guijarro, es que las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural “nos sirvan de guía para poder incidir sobre esas zonas con medidas más concretas y multiplicando así los resultados que estamos buscando”.
 
Los contratos que hoy se han firmado en Navamorcuende cristalizarán en las cinco primeras agendas como ‘experiencias piloto’ en las comarcas de la Sierra de Alcaraz en Albacete; Campo de Montiel en Ciudad Real; Cuenca centro; Señorío de Molina en Guadalajara; y la comarca de La Jara, en Toledo, que “servirán de guía para poder incidir sobre esas áreas ya identificadas en la Ley de medidas contra la Despoblación con actuaciones más concretas, y multiplicar así los resultados”.
 
En este punto, ha apelado a que el proceso de creación de estas agendas sea muy participativo, escuchando a los territorios “porque son los que conocen mejor la realidad de cada una de estas zonas”.
 
A la firma de estos contratos han asistido el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la diputada provincial, Tita García Élez; además de los presidentes de los Grupos Desarrollo Rural y las empresas adjudicatarias.