Toledo, 23 de septiembre de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia, hoy, el proceso de participación ciudadana del Anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha.
 
El periodo para realizar las aportaciones al texto, que está previsto que llegue a las Cortes regionales antes de que finalice el año -con la intención de que la Ley pueda estar operativa en el 2021-  se extiende durante los próximos 15 días.
 
Tal y como ha señalado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, “hoy arranca la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana (https://participacion.castillalamancha.es/) desde la que cualquier ciudadano pueda hacernos llegar sus aportaciones y sus sugerencias” al texto del borrador de la ley contra la despoblación.
 
Se puede acceder al portal de participación directamente desde la página de inicio del Gobierno de Castilla-La Mancha y desde el portal de Transparencia, a través del que cualquier ciudadano, tanto a título personal o como representante de una asociación, entidad o plataforma puede hacer sus aportaciones, para lo que es necesario registrarse previamente.
 
Una vez finalice proceso participativo, dentro de 15 días, se publicará un informe final con todas las aportaciones y aportaciones recibidas a lo largo de este periodo que irá acompañado de una valoración de las mismas.
 
Consenso para garantizar los servicios públicos en el medio rural
 
En este sentido, el vicepresidente ha explicado que el objetivo del Gobierno es la futura norma “sea muy consensuada social y políticamente porque tiene que articular medidas que se apliquen en el medio y largo plazo” al fin de que se garantice la prestación de servicios públicos en el medio rural.
 
Entre la batería de disposiciones que se está incorporando al borrador se contemplan medidas de discriminación positiva que favorezcan la generación de actividad económica y de empleo como una condición necesaria para que la gente pueda quedarse en los municipios.
 
Desde el Ejecutivo castellano-manchego se busca que la norma sirva para resolver algunos de los problemas estructurales que tiene el medio rural en materia de telecomunicaciones, garantizando el acceso a las nuevas redes aprovechando la financiación europea que puede venir en los próximos meses.