El Gobierno regional favorece a las familias, empresas y personas con discapacidad mediante deducciones fiscales y supresión de tasas
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el anteproyecto de Ley contiene el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región.
Ruiz Molina ha destacado que, con estas medidas, no solo se cumple el compromiso que el jefe del Ejecutivo autonómico adquirió en 2015 con los agentes sociales de mantener cada año la congelación de la presión fiscal en Castilla-La Mancha, sino que en 2022 se reduce.
Toledo, 26 de octubre de 2021.- El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su reunión de hoy el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, una norma que recoge la eliminación de 19 tasas y un conjunto de deducciones fiscales con carácter progresivo y solidario, con el objetivo fundamental de favorecer a las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad y las empresas y que, unidas a las ya aprobadas en materia de despoblación, supondrán unos beneficios fiscales de 41 millones de euros en 2022.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno en estos departamentos, ha explicado que este proyecto - lo que se conoce como ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2022 - contiene el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García Page en el último Debate sobre el Estado de la Región.
“No se trata de rebajas fiscales indiscriminadas”, ha asegurado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha detallado que el texto incluye la eliminación de 19 tasas, deducciones en el IRPF y la reducción de tipos impositivos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, “que son los principales tributos sobre los que tenemos competencia normativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma”, ha afirmado.
Unas medidas que, como ha apuntado, se suman a las aprobadas en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y con las que no solo se cumple el compromiso que el presidente adquirió en 2015 con los agentes sociales de mantener cada año la congelación de la presión fiscal en Castilla-La Mancha, sino que en 2022 se reduce.
Medidas tributarias dirigidas a familias, jóvenes y personas con discapacidad
El anteproyecto de Ley recoge medidas tributarias dirigidas, por un lado, a favorecer a las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad y, por otro, a las empresas. En el primer caso, Ruiz Molina ha señalado que se aprueba una deducción de 200 euros de la cuota íntegra a familias monoparentales, que se suma a la ya existente para las familias numerosas, así como una nueva deducción del 15 por ciento de la cuota íntegra por gastos de guardería o centros de educación infantil a contribuyentes con hijos o hijas menores de 3 años.
También se extiende la deducción del 15 por ciento de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual, hasta ahora prevista solo para los menores de 36 años, a familias numerosas y monoparentales y a personas con discapacidad. De igual modo, se extiende dicha deducción a determinadas operaciones de dación en pago.
Igualmente, se aprueba un tipo súper reducido del cinco por ciento a las transmisiones de inmuebles para la adquisición de vivienda habitual para personas menores de 36 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o para familias numerosas o monoparentales.
En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se aprueba un tipo súper reducido del 0,5 por ciento de las primeras copias de escrituras y actas notariales para transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de vivienda habitual para menores de 36 años, personas con un grado de discapacidad del 65 por ciento o más, así como para familias numerosas o monoparentales.
Finalmente, para la ciudadanía en general, se eliminan las tasas de las licencias de caza y pesca para residentes de Castilla-La Mancha, lo que afectará a cerca de 80.000 licencias; además de las referidas a exámenes de pruebas selectivas y a servicios administrativos generales.
Medidas tributarias dirigidas a empresas
Respecto a las empresas, se aprueba un tipo súper reducido del cinco por ciento a la transmisión de la totalidad o parte de una o más viviendas a una empresa inmobiliaria o constructora para su venta, así como un tipo súper reducido del cinco por ciento a las transmisiones onerosas de bienes inmuebles que estén destinados a desarrollar una actividad empresarial o profesional y una deducción del 100 por ciento, hasta un límite de 3.000 euros, en la cuota gradual del impuesto a las primeras copias de escrituras notariales para adquisición de locales como sede de una actividad empresarial o negocio profesional.
De igual manera, en relación con el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, se aprueba una nueva bonificación del 50 por ciento de la cuota tributaria para las primeras copias de escrituras y actas notariales para actos de agrupación, agregación, segregación o división de suelos destinados a uso industrial o terciario y, en relación con la ordenación de los transportes de carretera y sus actividades auxiliares y complementarias, se eliminan un total de 12 tasas.
El consejero ha hecho hincapié en que las medidas tributarias en relación con el IRPF podrán aplicarse ya en este periodo impositivo y, por tanto, incluirse en la declaración del 2021. Asimismo, ha indicado que este paquete de beneficios fiscales, unidos a los ya aprobados en mayo, suman 41 millones de euros.
Finalmente, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha incidido en que se podrá hacer frente a esta menor recaudación con la cuantía ahorrada con la renegociación de la deuda, estimada en unos 50 millones de euros para el próximo ejercicio, y sin que esa rebaja fiscal afecte a la calidad de los servicios públicos que se prestan.