Toledo, 9 de enero de 2016.- El Gobierno de Castilla-La Mancha desbloqueará el proceso de acreditación de competencias profesionales de 5.111 personas con cualificación sociosanitaria en atención a dependientes en domicilios e instituciones de la región. Estas personas ya habían pagado sus tasas en 2014, aunque no pudieron conseguir el título necesario para ejercer su profesión debido a la falta de consignación presupuestaria del anterior Ejecutivo para ello ni en 2014 ni en 2015.
 
Los afectados se acogieron a la convocatoria específica, realizada en el año 2014 por el Gobierno anterior, del procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la propia experiencia laboral o de vías no formales de formación en la atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio y en instituciones.
 
Como explica el director general de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, Eduardo del Valle, “esta situación dejó en el limbo a muchas personas que habían pagado sus tasas con el fin de lograr una acreditación que necesitaban para mantener sus puestos de trabajo o para acceder a ellos y no llegaron ni a comenzar el proceso”.
 
Del Valle afirma que la convocatoria se publicó a final del ejercicio presupuestario 2014 sin consignación presupuestaria y que durante el año 2015 tampoco se incorporó presupuesto para el desarrollo de la convocatoria, lo que ha supuesto que las personas seleccionadas para participar en el procedimiento no llegaron a comenzar la fase de asesoramiento.
 
El proceso de asesoramiento comenzará el día 12 de enero
 
Dado el gran número de personas a atender para completar los dos procesos necesarios para obtener la acreditación, que son el de asesoramiento y evaluación de competencias, ambos se realizarán en dos fases en cada una de las provincias. De este modo, a partir del 12 de enero comenzaría la fase de asesoramiento para la mitad de aspirantes, que duraría hasta el mes de marzo, y la de evaluación de ese primer bloque, se desarrollaría hasta junio. La segunda mitad de las personas incluidas en el proceso comenzaría en marzo su fase de asesoramiento y la de evaluación en septiembre. De este modo, las más de 5.000 personas podrían disponer de su acreditación a finales de año.