Toledo, 11 de noviembre de 2015.- Gracias a las negociaciones llevadas a cabo con las contratistas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido un ahorro de 25,1 millones de euros en las indemnizaciones a las que tenía que hacer frente por los retrasos, cantidades pendientes de pago y desestimientos de contratos en las autovías del Júcar y del IV Centenario.
 
Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, quien ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado tres acuerdos transaccionales con el fin de “finalizar la situación judicial” mediante desestimiento de todos los recursos interpuestos durante la pasada legislatura por dichas contratistas contra la empresa pública GICAMAN.
 
Hernando ha recordado que estas empresas reclamaban 39 millones de euros pero que gracias a “la voluntad, las buenas formas y al trabajo sin descanso de este gobierno" se ha logrado un ahorro para el bolsillo de los castellano-manchegos de 25,1 millones de euros.
 
Se cierra así otro de los muchos capítulos de impagos y deudas que había en la consejería de Fomento, aunque el Ejecutivo regional tendrá que desembolsar 13,9 millones de euros por la decisión del Gobierno saliente de paralizar dichas infraestructuras, lo que demuestra que esta actuación ha resultado al final más costosa que terminar las obras.
 
Ayudas a la Innovación Empresarial
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado también extender a 2016 la convocatoria de ayudas para el Programa de Apoyo a la Innovación para empresas. Se trata de 3,4 millones de fondos europeos que, según ha detallado Hernando, se habrían perdido ya que el Ejecutivo anterior convocó las ayudas a sabiendas de que iba a ser imposible resolverlas en el actual ejercicio presupuestario.
 
A partir de diciembre, los beneficiarios de este programa podrán empezar a recibir entre 1.500 y 150.000 euros en función de las ayudas solicitadas por estas pymes. El portavoz ha asegurado que “es clave seguir apostando por este tipo de inversiones, el gasto en I+D+i y, en definitiva, por mejorar la calidad y competitividad de estas pymes que van a contar con todo el apoyo de este gobierno”.
 
Profesores asociados en la Universidad regional
 
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación en el régimen de incompatibilidades del personal del sector público regional con el objetivo de permitir que pueda trabajar también como profesores asociados en la Universidad de Castilla-La Mancha. Según ha explicado Hernando “este acuerdo supone una apuesta directa del presidente por mejorar las condiciones de los empleados públicos, facilitando su incorporación a la docencia”.
 
Hernando ha informado que el anterior Ejecutivo autonómico aprobó, en noviembre de 2012, rebajar esos límites para que el personal del SESCAM pudiera realizar esa actividad docente sin incurrir en esta incompatibilidad; por lo que ha anunciado que tras este nuevo acuerdo lo que se hace es “extender esta medida a todo el sector público, de forma que cualquier personal cualificado pueda realizar labores docentes en la Universidad sin incurrir en ningún tipo de incompatibilidad por el cargo que desempeña en la Junta”, ha matizado.
 
Gracias a esta modificación, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha también se podrá “nutrir de esta enorme experiencia” dentro de un marco de una “estrategia de retención de talento y de seguir apostando por una universidad pública de calidad”.
 
Inversión en depuración de aguas
 
Hernando ha informado, por último, que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de casi 404.000 euros en la mejora de las estaciones de depuración de aguas residuales de seis municipios del sur de la provincia de Cuenca: Minglanilla, Ledaña, Villagarcía del Llano y de forma conjunta la estación de Villalpardo, Villarta y El Herrumblar.
 
Según ha explicado el portavoz del Gobierno regional se trata de unas obras “se deberían haber pagado hace ya muchos años y que nosotros vamos a liquidar para mejorar su funcionamiento y adaptarlas al nuevo reglamento técnico vigente y que van a beneficiar a una población total de 7.500 personas en el sur de la provincia de Cuenca”, ha concluido.