Toledo, 14 de enero de 2016.- El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha cambiará a través de la política tributaria y de la política presupuestaria la realidad económica y social de la región, tras cuatro años de recortes del PP.
 
Así lo ha afirmado Ruiz Molina durante su intervención ante el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar del límite máximo de gasto no financiero para los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016, que posteriormente ha sido aprobado en votación.
 
Así, el techo de gasto para las cuentas regionales de 2016 ascenderá a 5.693,8 millones de euros, un incremento del 0,7% respecto al ejercicio pasado, y que en términos absolutos supone 40 millones más que en 2015. Esta cifra se ha calculado con una previsión de crecimiento del PIB de Castilla-La Mancha en 2016 del 2,9%.
 
Con este límite de gasto no financiero, el Ejecutivo regional ha elaborado unos Presupuestos que están encaminados a cambiar la realidad económica y social de la región, que, tras cuatro años de Gobierno del PP, es “más desigual, más pobre y con peores servicios públicos”, como lo demuestra, entre otros datos, que el 30% de la población esté en riesgo de pobreza.
 
Así, ha continuado Ruiz Molina, se hará partícipe a todos los ciudadanos de la riqueza generada en la región en los próximos años.
 
Según ha explicado el consejero en su intervención, el techo de gasto está constituido, en primer lugar, por las entregas a cuenta del Estado, que para 2016 ascienden a 4.292,8 millones de euros y que representan el 75% de la cifra total.
 
En segundo lugar, el límite de gasto no financiero está compuesto por los ingresos propios, que serán de 993,3 millones de euros, lo que supone una variación del 0,3% respecto a 2015, cifra que representa algo más del 17% del techo de gasto.
 
La tercera magnitud para determinar la cifra total del límite de gasto no financiero y que representa algo más del 7% es el déficit autorizado por el Gobierno de España del 0,3% del PIB, que junto con los ajustes de contabilidad nacional, asciende a 407,6 millones de euros.
 
Estas cifras ponen de manifiesto que las entregas a cuenta, que representan más del 75% del total de ingresos que financian el denominado techo de gasto, han aumentado su peso en el global en cinco puntos porcentuales respecto a 2015 y que, por tanto, la financiación de Castilla-La Mancha “va a depender casi en exclusiva de la financiación autonómica, siendo nuestra autonomía financiera cada vez más reducida”, ha resaltado Ruiz Molina.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado que para 2016, cuando el Estado prevé que la economía de Castilla-La Mancha crezca en torno al 4%, las entregas a cuenta lo hagan sólo el 1%, que son cuatro puntos menos que el 5,1% que aumentaron el año pasado, “aun cuando se estima que 2016 va a ser un año mucho mejor para Castilla-La Mancha”.
 
Se suprimen las ‘tasas de vergüenza’
 
Ruiz Molina ha resaltado que “se puede y se debe hacer política redistributiva de la riqueza a través de la política tributaria” y, por ello, el Gobierno regional va a actuar en cuatro ámbitos de la misma para que se haga efectivo el principio de equidad tributaria y que el sistema tributario se inspire en los principios de igualdad y progresividad.
 
Así, se modificará la Ley de Tasas, suprimiendo 30 de las mismas, entre las que se encuentran las ‘tasas de la vergüenza’ que gravaban a los más vulnerables, como las personas dependientes; se establecerán nuevas exenciones en 19 tasas para aquellos que deben ser especialmente protegidos como desempleados y familias numerosas y se modificarán otras 10 para reducir la carga tributaria y la burocrática.
 
Por otra parte, se van a congelar todas las tasas que quedan en vigor y se van a modificar los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 
Respecto al primero de estos impuestos, que pasará de ser “claramente regresivo a progresivo”, en relación con las herencias, se eleva la actual bonificación de la cuota del 95% actual al 100% para bases liquidables inferiores a 175.000 euros. Así, el 98% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha no pagarán absolutamente nada cuando reciban una herencia cuya base liquidable sea inferior a 175.000 euros.
 
A partir de ahí, ha explicado Ruiz Molina, “se va reduciendo la bonificación en tramos de cinco puntos porcentuales hasta llegar al 80% para bases liquidables superiores a 300.000 euros. Así, habrá otro 1% que pagará lo mismo que venía pagando hasta ahora y el 1% restante será el que verá incrementado el impuesto”. Por tanto, ha indicado el consejero, se aumenta la recaudación y se logra que de la totalidad de los ciudadanos que ahora deberían pagar este impuesto sólo lo tengan que hacer el 2%.
 
En relación a las donaciones, el 96% de la población, que es el porcentaje que recibe donaciones inferiores a 120.000 euros, pagará lo mismo y solo el 4% pagará más porque se van a introducir también tramos de reducción de la bonificación hasta llegar al 80%.
 
En cuanto al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y dado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que ostenta los tipos más reducidos del conjunto nacional, se actuará en una doble dirección.
 
En primer lugar, se disminuirá el tipo impositivo reducido pasando del 7 al 6%, que es el que se paga por transmitir la vivienda habitual siempre que su valor sea inferior a 180.000 euros, “apostando por la progresividad tributaria, todo lo contrario a lo que hizo el PP”, ha indicado Ruiz Molina, y, en segundo lugar, se aumentará en un punto el tipo general pasando del 8 al 9%.
 
El consejero ha resaltado que, en caso de no adoptar ninguna de estas medidas tributarias, los ingresos propios experimentarían una reducción del 5,6% y, en consecuencia, el límite de gasto no financiero no crecería el 0,7% sino que habría que reducirlo en el 0,3%.
 
Objetivos de estabilidad presupuestaria
 
Respecto al déficit autorizado por el Estado para 2016, Ruiz Molina ha señalado que la reducción de esta magnitud que se exige a la Administración del Estado por el Gobierno de Rajoy respecto a 2015 es del 28,5%, al permitir un déficit del 2,2% para 2016, mientras que para las Comunidades Autónomas el esfuerzo de reducción aumenta hasta el 57,14%, al imponer un déficit del 0,3%. Es decir, “el déficit que se permite al Estado es 8 veces mayor al que se permite a las Comunidades Autónomas”.
 
Por ello, ha añadido el consejero de Hacienda, el Gobierno de Emiliano García-Page “va a exigir al Ejecutivo de España que se flexibilicen los objetivos de estabilidad para los próximos años y que el reparto entre el esfuerzo del Estado y el de las de las Comunidades Autónomas sea transparente y, al menos, negociado”.