Toledo, 3 de noviembre de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy un nuevo Decreto de ayudas en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región, que cumplirá mañana seis meses desde su firma por parte del presidente, Emiliano García-Page, y los agentes sociales.
 
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la aprobación, en Consejo de Gobierno, del Decreto de ayudas a empresas de inserción, que aumenta casi un 30 por ciento su cuantía para alcanzar los 1,34 millones de euros, destinados a favorecer la empleabilidad y la inserción en el mercado de trabajo de las personas en situación de exclusión social, así como para sostener y garantizar la viabilidad de las empresas de inserción. Con éste, ha destacado la consejera, “son ya 14 decretos, 6 órdenes y 11 resoluciones las que se han aprobado desde esta Consejería en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias, habiendo superado los 150 millones de euros”.   
 
Las ayudas para las empresas de inserción fueron impulsadas por el Gobierno regional por primera vez en el año 2018. Responden al compromiso del Ejecutivo autonómico de tener “una mirada especial” hacia los colectivos más vulnerables, y dota de continuidad, adaptada a las circunstancias actuales, a una de las líneas de trabajo “que se desarrollaban antes del COVID y que ahora tiene más sentido que nunca”, ha detallado la consejera, que ha explicado que el Decreto comprende tres líneas de ayuda.
 
La primera de ellas es la destinada a la contratación de personas en situación de exclusión social, procedentes de centros de menores, con problemas de drogodependencia y otros trastornos en procesos de reinserción, internos de centros penitenciarios y personas derivadas de los servicios de prevención de la exclusión social, entre otros. “Las contrataciones deben tener una duración mínima de 12 meses y máxima de 36, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, y la ayuda del Gobierno regional cubre el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional en los primeros 12 meses, el 75 por ciento en el segundo año y el 40 por ciento a partir del tercer año”, ha señalado la consejera. “Estas ayudas se incrementan en un 10 por ciento si la persona beneficiaria es una mujer, y en un 20 por ciento si son en zonas ITI o prioritarias”.
 
La segunda de las líneas, ha desgranado Patricia Franco, va dirigida a apoyar el coste laboral de la personas contratadas en empresas de inserción, tituladas como técnicos superiores en Integración Social o equivalentes, que desempeñan su labor como técnicos de mantenimiento o producción, para la orientación laboral y elaboración de planes personales de inserción, prospección de empresas, colaboración en procesos de selección, participación en la selección y supervisión de las tareas de la actividad productiva, entre otros.
 
En este caso la ayuda es del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, modulándose si la jornada es parcial, y se han establecido módulos en función de las contrataciones que se lleven a cabo por parte de empresas de inserción: con hasta 10 contratos de inserción, un técnico; con entre 11 y 20, dos técnicos; de 21 a 30, tres técnicos; y más de 30 inserciones llevadas a cabo, 4 técnicos.
 
La tercera de las líneas apoya la contratación de asistencia técnica para la viabilidad de las empresas de inserción, para tareas como estudios de mercado, auditorías contables y sociales y costes derivados de la obtención de certificaciones de calidad. En este caso, la ayuda cubre el 80 por ciento del gasto, con topes de hasta 6.000 euros para estudios de mercado, 1.500 euros para auditorías contables y sociales, y 1.000 euros para certificaciones de calidad.
 
“Estas ayudas pretenden trabajar con los colectivos más vulnerables en tiempos de crisis y reforzar la labor de las empresas de inserción para poder trabajar en red y garantizar una atención cercana a las personas beneficiarias”, ha señalado Patricia Franco, que ha recordado que el pasado viernes, el Diario Oficial de la región publicó la Orden de Bases del programa Garantía +52, que destina 4 millones de euros para favorecer la contratación, por parte de entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, de alrededor de un millar de personas.
 
“Son líneas que definen a la perfección las estrategias que nos hemos marcado en materia de empleo, con un compromiso claro con las personas mayores y en riesgo de exclusión social, además de personas jóvenes y del empleo femenino”, ha finalizado la consejera.