El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso- administrativo presentado por la Junta de Castilla-La Mancha contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de junio de 1997 en el que se aprobaban las tarifas del trasvase Tajo-Segura.

La puesta en marcha de esta acción fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en su reunión del 23 de septiembre de 1997, ya que el Ejecutivo autonómico consideró que las tarifas establecidas para el trasvase eran discriminatorias para Castilla-La Mancha.

Así, la Junta se opone a que se fijen tarifas por las aguas derivadas a Los Llanos de Albacete, porque la disponibilidad en esta zona fue aprobada como compensación a las filtraciones de aguas subterráneas que llegan al Acueducto en el túnel del Talave, según reconoció en su momento el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

En consecuencia, los costes generados por dicha devolución de caudales han de corresponder a los usuarios del trasvase en la cuenca del Segura, ya que reciben un volumen de agua suplementario al que se aprueba en cabecera y son los únicos beneficiarios.

Las tarifas aprobadas para esta zona por el Consejo de Ministros supondrían un coste para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 30 millones de pesetas anuales, por ser ella titular de la concesión y no los regantes.

Una alegación distinta han merecido las tarifas por las aguas que se derivan a la cuenca alta del Guadiana. El precio de disposición de agua en el embalse de la Bujeda es bastante más alto para el agua que se deriva hacia la cuenca del Guadiana que para el que se desvía a la cuenca del Segura.

Es decir, si se realizara un trasvase de 50 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura y la misma cantidad para la del Guadiana, los usurarios de esta última deberían pagar 118 millones de pesetas más que los usuarios del Segura.