Toledo, 1 de septiembre de 2015.- La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre el recurso contencioso-administrativo que ha autorizado el Consejo de Gobierno celebrado hoy mediante el cual se solicita la anulación de la orden firmada por la ministra de Agricultura el pasado 27 de julio autorizando un trasvase de agua entre el Tajo y el Segura de 20 hectómetros cúbicos. En los próximos días, los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades formalizarán ante la Audiencia Nacional la presentación de un recurso que, según ha explicado la consejera, discute las motivaciones aludidas por el Ministerio de Agricultura para autorizar el envío de agua.
 
De la Cruz ha explicado que el recurso discute tanto la proporcionalidad del envío como la discrecionalidad de la orden. Los juristas de la Consejería de Fomento y de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha entienden que si bien la ley dice que en situación excepcional de la cabecera o nivel 3, el titular del Ministerio de Agricultura podrá autorizar discrecionalmente de forma motivada un trasvase de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes, se ha confundido la libertad de acción que otorga la ley en relación con la discrecionalidad con la subjetividad que comporta un acto que la consejera ha calificado de “arbitrario”.
 
De la Cruz ha recordado que la autorización debe ser motivada, algo muy discutible con la cuenca receptora al 50 % de su capacidad. Además, contempla trasvases de un máximo de 20 hectómetros cúbicos, cantidad que firmó la ministra sin atender a una escala o graduación que parece sugerir la ley en función de circunstancias excepcionales como la que ha tenido lugar este verano.
 
La consejera ha recordado que existe una tabla que marca las circunstancias excepcionales o el nivel 3. Según esa tabla, en el mes de julio se entra en ese tramo cuando las reservas conjuntas de Entrepeñas y Buendía bajan de 688 hectómetros cúbicos. Sin embargo, cuando el Ministerio recabó los datos, a 1 de julio, eran 470 los hectómetros de agua embalsada, un 30 % menos de lo que marca la ley como situación excepcional. Cuando se publicó el trasvase en el BOE la cantidad rondaba los 420, por lo que “estaba más cerca del nivel 4 en el cual no se permite trasvasar legalmente que del 3”, ha afirmado De la Cruz, advirtiendo que el Gobierno de España debió haber ponderado que no era prudente, ni estaba motivado ni justificado enviar el máximo legal mensual permitido en nivel 3. También ha recalcado que con la cuenca cedente al 17% y la receptora al 50 % de su capacidad, “ni había motivación legal ni existe proporcionalidad”.
 
La consejera se ha referido también a la doctrina de los actos propios, como uno de los argumentos contra el trasvase de julio, ya que existe una amplia jurisprudencia al respecto. Esta doctrina define la imposibilidad de adoptar un comportamiento contradictorio o incoherente, que es lo que se esgrime en el recurso del Gobierno regional para reprochar al Ministerio que quiera cambiar la lámina mínima de los embalses desde los 400 hectómetros cúbicos que establece la Ley de Evaluación Ambiental a los 304 que asegura el Gobierno de España que aplicará de momento mientras los embalses no superen los 900 hectómetros cúbicos de agua embalsada.
 
En relación al trasvase aprobado a finales de agosto de 15 hectómetros cúbicos, ha informado que se está trabajando en un segundo recurso bajo similares argumentos que el de julio. “Tenemos incluso más razones para poder reclamarlo”, ha aseverado.
 
Mano tendida
Según ha afirmado la consejera, el recurso es la única manera de “hacernos oír”, porque la política hídrica entre cuencas es una atribución del Gobierno de España. De la Cruz ha recordado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ofrecido durante todo el verano una “política de mano tendida” sobre este asunto porque en su situación actual, “el trasvase es un sistema que no garantiza agua ni para la comarca de cabecera ni para Castilla-La Mancha ni para los regadíos del Segura”.
 
La consejera ha optado por buscar soluciones “de futuro”, subrayando que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir reclamando agua pero también “buscando alternativas”. En este sentido ha aplaudido las palabras pronunciadas en días pasados por el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien afirmaba que mañana miércoles solicitará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apoyo del Gobierno en la reducción del coste eléctrico de las desaladoras existentes en la costa mediterránea. Sobre el resultado de esa reunión ha afirmado que el gobierno regional estará “muy atento”.
 
A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas en días pasados por un diputado del PP defendiendo la legalidad del trasvase, Elena de la Cruz ha replicado que el Gobierno regional actual “ha visibilizado el problema del Tajo frente a la actitud de Cospedal, que quiso blindar el trasvase a cualquier precio”. La consejera ha añadido que mientras en las comunidades receptoras, “todas las fuerzas políticas se unen para luchar por su tierra, aquí el PP no se une para luchar”, se limitó a “aprobar un entramado de leyes que no han beneficiado a la región, sino que han contribuido a que tengamos el Tajo como está ahora mismo”, por lo que les ha pedido “que sean responsables y tengan un compromiso con los ciudadanos de esta tierra”.