CASTILLA-LA MANCHA RECURRE UN ARTICULO DE LA LEY SOBRE LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA ANTE EL TC

El Gobierno regional considera que se vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Sanidad.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la inclusión del artículo 4 de la Ley de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, en la Disposición Final primera de la misma. Este artículo se refiere a la transmisión de las citadas oficinas de farmacia.

A juicio del Gobierno regional, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, la Disposición final primera de la Ley 16/1997, de 25 de abril, vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Sanidad, al establecer el carácter básico de la transmisibilidad de las oficinas de farmacia.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Diputación provincial de Toledo para garantizar el tratamiento asistencial a los drogodependientes del área sanitaria de Toledo.

Según este convenio, la Consejería de Sanidad se compromete a aportar este año 38.484.227 pesetas para financiar los gastos del Equipo de Atención a Drogodependientes, de los programas de pisos de acogida y de tratamiento con metadona y el Centro de Día para el tratamiento de los toxicómanos de la provincia de Toledo, mientras que la Corporación provincial se compromete a su mantenimiento y funcionamiento.

A propuesta de la Consejería de Industria y Trabajo, el Consejo aprobó el Decreto por el que se atribuyen las competencias derivadas del proceso de transferencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo y prevención de riesgos laborales.

Tras la asunción de las competencias en las materias citadas anteriormente el 1 de julio de 1995, el Gobierno regional ha venido dictando una serie de normas y decretos para su regulación. Con este Decreto se pretende unificar en una sola norma toda la legislación existente, de modo que recoja y refunda todo lo anterior y se consiga una simplificación administrativa de cara a la relación con los ciudadanos.

A propuesta de la Consejería de Obras Públicas, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de casi 112 millones de pesetas para la construcción de 15 viviendas unifamiliares de promoción pública en la localidad toledana de Pepino.

Por último, se ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa debido a las obras de acondicionamiento de la carretera CM-3252, en el tramo que une Navas de Jorquera con Mahora, en la provincia de Albacete.