En esta ocasión, el Día Internacional de los Derechos de la Infancia cobra especial importancia al coincidir con el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia aprobada el 20 de noviembre 1989, el instrumento internacional más importante en relación con los derechos de la infancia, gracias a su carácter vinculante, por lo que debe ser respetada por los países, a la hora de desarrollar políticas y promulgar leyes y donde se establecen los derechos básicos para los menores de 18 años.
 
La Convención de los Derechos de la Infancia es el tratado más ratificado de la historia, habiendo sido ratificada por 195 de los 196 Estados miembros de la ONU, todos sus integrantes salvo uno, Estados Unidos. España formó parte del primer grupo de 20 países que la ratificó en 1990, nada más aprobarse, incorporándola, por tanto, a nuestro ordenamiento jurídico.
 
En cuanto a su contenido, consta de un Preámbulo, además de 54 artículos distribuidos en 3 partes y otros 3 protocolos facultativos -que se han desarrollado con posterioridad-, y cuenta, para su efectivo cumplimiento, con el Comité de los Derechos del Niño, en el que los países informan sobre las medias adoptadas para aplicar lo establecido en la Convención.
 
La Convención establece que los niños y niñas son personas “con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones”, además nos recuerda que “para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
 
El concepto de familia ha variado notablemente a lo largo de la historia. En nuestra Constitución de 1978 encuentra reflejo en el artículo 39 y, como el Tribunal Constitucional ha declarado en múltiples ocasiones, es irrelevante el vínculo jurídico por el cual se forma, dando cabida, por tanto, a las más diversas formas de familia, lo que nos acerca cada vez más a la realidad social en la que nos desenvolvemos.
 
Por tanto, los diferentes modelos de familias son una construcción social, consecuencia de la sociedad y el momento en las que se desarrollan. La variedad, el crisol actual, exige aceptación, respeto y protección a sus diferentes formas y en su seno, al respeto y promoción de los derechos de niños y niñas.
 
Según datos del INE, la población menor empadronada en Castilla-La Mancha representa el 18% del total, algo más de 370.000 personas. Además, las tasas de natalidad descienden lentamente, pasando de 10,52 nacidos por mil habitantes en 2010, a 8,27 en 2017, lo que provoca una reducción de la población menor de 18 años.
En Castilla-La Mancha, en el ámbito de nuestras competencias, hemos adoptado innumerables instrumentos de protección y promoción a la infancia y a la familia, más recientemente el Plan de Infancia y Familias 2018-2021.
 
Este Plan se inspira en el “principio del interés superior del menor”, recogido en el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, de acuerdo al cual cualquier medida que afecte a los niños o niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social debe atenderse de forma prioritaria el interés superior del niño, lo que implica satisfacer sus necesidades y cumplir sus derechos.
 
El 30 aniversario de la Convención nos ofrece un buen momento para que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para proteger los derechos humanos de los niños y las niñas, para hacerlos prosperar, a todos y en particular para los que se encuentran en situaciones desfavorecidas o vulnerables.
 
Cuestiones como los derechos de los niños y niñas con discapacidad, la erradicación de la pobreza infantil, combatir los riesgos incipientes, como el acoso escolar o el ciberacoso y dotar de mecanismos de participación a los menores a la hora de adoptar las decisiones que les conciernen, representan parte de la agenda que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha adoptado para construir más bienestar para todos los niños y las niñas.
 
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente Castilla-La Mancha