El consejero de Administraciones Públicas, Antonio Pina, ha asistido esta mañana a una reunión en la sede del Consejo General del Poder Judicial, donde se ha acordado impulsar un plan estratégico para la informatización de la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha, con un coste total de 211 millones de pesetas

La Junta de Comunidades y el Ministerio de Justicia financiarán un plan de actuaciones para completar la informatización de todos los órganos judiciales y fiscales de Castilla-La Mancha antes de diciembre de 1998, según el compromiso que han adquirido esta mañana ambas instituciones en una reunión celebrada en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Junta, que carece de competencias en Justicia, ya ha invertido en los últimos siete años casi 100 millones de pesetas en la dotación de equipos informáticos a la mitad de los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, a través de un convenio de colaboración suscrito en 1989 con el Ministerio de Justicia. Con el acuerdo alcanzado esta mañana, el Gobierno regional pretende que se concluya, en poco más de un año, el proceso de informatización de la Administración judicial.

La Administración autonómica participará en la ejecución de este plan estratégico, que tendrá un coste de 211 millones de pesetas, atendiendo a una petición en ese sentido del propio CGPJ, que fue formalizada en una reunión que mantuvieron en febrero de este año dos vocales del Consejo y el presidente del Ejecutivo regional, José Bono.

La dotación de elementos ofimáticos homogéneos y la conexión de los órganos judiciales de la región con bases de datos que permitan a esta Administración realizar un trabajo más riguroso y eficaz, serán las principales aportaciones de la Consejería de Administraciones Públicas al plan de informatización del Ministerio de Justicia.

Además, Administraciones Públicas financiará cursos de formación para los jueces de paz, que son elegidos por los ayuntamientos y nombrados para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial.

Los plazos de ejecución y la inversión a realizar se determinarán en una comisión técnica, con representantes del Ministerio de Justicia y de la Junta, que se reunirán en las próximas semanas para poner en marcha las actuaciones que completen la informatización de los órganos judiciales y fiscales de la región.