Los talleres de empleo se resuelven por concurrencia competitiva y los ayuntamientos y entidades presentan sus proyectos. Se aplica una norma de 2012 que este Gobierno no ha modificado, en la que se marcan de forma muy puntillosa y detallada todos los criterios que se valoran para dar una nota final a cada proyecto. Siempre han sido técnicos funcionarios, sin la participación de cargos políticos, los que han hecho esta valoración. Además, en la última resolución, ninguna entidad ha pedido una revisión de una valoración, por lo cual debemos entender que todas están de acuerdo con la valoración obtenida. Y resulta curioso que en esta sala capitular del Ayuntamiento de Toledo abordemos este tema, pues quiero recordar que fue este Ayuntamiento de Toledo, bajo la alcaldía de García Page, el que tuvo que defender a sus parados en los tribunales y lograr que el TSJCM sentenciara que se resolvieron los talleres de manera no ajustada a derecho por parte del Ejecutivo regional anterior, de modo que el Ayuntamiento era acreedor de cuatro talleres que se le habían rechazado.  De hecho, nada más llegar al Gobierno una de las primeras cosas que hicimos fue disponer de fondos extraordinarios para cumplir con la sentencia contra el Ejecutivo anterior.