"Es una actuación de colaboración que se desarrolla desde hace más de 10 años y que se produce por dos razones fundamentales. Primero, por un elemental principio de colaboración entre Administraciones Públicas, pues si bien es cierto que la gestión del IRPF corresponde en exclusiva a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, no lo es menos que la Junta de Comunidades no quiere quedar al margen de las actuaciones que aquella desarrolla al objeto de facilitar a los ciudadanos de nuestra Región el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y, por otro lado, porque se trata de un tributo parcialmente cedido, en el que la Junta de Comunidades no sólo tiene determinadas competencias normativas, sino que también resulta destinataria del 50% de la recaudación del impuesto".