"Primero queremos más recursos, segundo queremos que esos recursos se distribuyan de acuerdo con el coste real que a cada Comunidad Autónoma nos cuesta prestar esos servicios, es decir, con criterios de población ajustada, en la que tenemos que tener en cuenta la superficie, la dispersión, el envejecimiento y desde luego el despoblamiento y queremos que se distribuyan mejor para hacer efectivo el principio de igualdad, es decir, que todos tengamos el mismo nivel de acceso a los servicios públicos con independencia de la capacidad económica o fiscal de los territorios y con independencia de la capacidad económica y fiscal de los ciudadanos".