“Queremos que las personas con discapacidad intelectual también puedan trabajar en la Administración regional y hemos dado pasos de gigantes”, ha asegurado Ruiz Molina, quien ha explicado que hace unas semanas se convocaron 65 plazas en este sentido y que la diferencia con procesos selectivos anteriores es que los temarios son adaptados y las pruebas específicas, lo que ha obligado a modificar una ley en el Parlamento regional.