Corte consejero de Hacienda y Administraciones Públicas: “Con esta proposición de ley se pretende que no exista ninguna duda de que las competencias en materia de educación, de sanidad, de servicios sociales se van a seguir prestando en las mismas condiciones que se está haciendo actualmente y, por lo tanto, que no va a haber ningún perjuicio para los ciudadanos”.