"La próxima semana estaré en condiciones de pedir autorización al Consejo de Gobierno para resolver el contrato con las empresas de seguridad, una vez que ya disponemos de todos los informes que avalan que el comportamiento de la Administración es el adecuado y, por lo tanto, que debemos exigir a las empresas que paguen a sus trabajadores, no de acuerdo con lo que ellos consideran oportuno, sino de acuerdo con los acuerdos que rigen a nivel estatal. Me comprometí con los trabajadores en privado, en público y en sede parlamentaria a que si consideraba que había alguna merma en la calidad de las condiciones de trabajo de los trabajadores de seguridad, inmediatamente actuaríamos en consecuencia y vamos cumpliendo a los ritmos que nos propusimos que no son otros que los que nos marca la legislación laboral. La próxima semana actuaremos con contundencia con un contrato que perjudica enormemente a los trabajadores".