Nacho Hernando ha señalado que con esta decisión “el Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a estar al lado de los intereses de esta región en materia hídrica”, y ha confiado en que se ponga fin a una actuación que no se considera ajustada a la legislación vigente y que resulta lesiva para nuestra región y en particular para los regantes de la provincia de Albacete, los más perjudicados “por este mercadeo de derechos que solamente beneficia aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo y no a los profesionales y a los agricultores”.