Patricia Franco ha señalado que el objetivo es que no queden fuera proyectos, pero como Gobierno, entendemos que puede haber empresas que en el actual contexto decidan no llevar a cabo el proyecto, para lo que se habilita un plazo para renunciar al proyecto entre la resolución provisional y la definitiva. La consejera dice que hay que ser más eficientes en el uso de recursos públicos, redistribuyendo los recursos no utilizados hacia nuevas necesidades económicas que deberá afrontar el Gobierno.