Tendrán prioridad para participar en las acciones formativas: mujeres, mayores de 45 años, personas con necesidades formativas especiales derivadas de discapacidad mental o motora, enfermedad mental o deficiencia sensorial, y afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género. También los trabajadores ocupados en sectores en crisis y con baja cualificación, personas desempleadas de larga duración, los trabajadores poco cualificados, los jóvenes, especialmente los que han abandonado de forma temprana el sistema educativo, así como las personas en riesgo de exclusión social, y las personas refugiadas.