Martínez Arroyo ha aclarado que, independientemente de la sentencia del TSJ, “este Gobierno desde el primer momento siempre ha tenido clara la necesidad de elaborar los Planes de Gestión, para dar seguridad jurídica a los agricultores de esta región, a los habitantes de nuestro territorio, de nuestros pueblos”. Y ha calificado de “lamentable” que  hayan estado años con una inseguridad jurídica que es “responsabilidad directa de los que se sentaron a esta mesa en esta Consejería”.