“Esta ley vale mucho más de lo que cuesta, sobre todo para proteger los derechos de la población de Castilla-La Mancha. Este segundo borrador supone un paso más, un gran avance en dos direcciones: incorpora un proceso de participación y el aval de todos los actores sociales: organizaciones sociales, sindicatos, profesionales, asociaciones de vecinos, consejo escolar y consejerías implicadas; y demuestra, sobretodo, que cumplimos nuestra palabra”.