La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que con la Ley de Protección y Apoyo Garantizado aprobada por el Gobierno regional y la amplia red de centros para la atención de personas con discapacidad que existe en Castilla-La Mancha, “cubrimos ese objetivo, que es que todas las personas con discapacidad puedan tener esos apoyos que necesitan más allá de sus apoyos familiares. Y que sean, además, canalizados e instrumentados por el propio Gobierno regional, que somos los que tenemos que velar por esa igualdad de oportunidades y por una sociedad sin barreras”. Así, la titular de Bienestar Social ha detallado que “hemos hecho una inversión para todos los centros de atención a personas con discapacidad de más de 20 millones de euros” destinados a reformas, ampliaciones y construcción de nuevos centros.