"El Gobierno de García-Page hemos sacado a licitación y hemos adjudicado un contrato que se ciñe a la legislación vigente en materia de contratación pública, que no ha sido impugnado por nadie, que no ha modificado nada de lo que ya se recogía en el anterior contrato de 2014, que recoge diversas mejoras y que incluye una cláusula que permite a la Administración regional resolver el contrato si la nueva adjudicataria en vez de aplicar el convenio estatal decide aplicar su convenio que les pueda una pérdida retributiva y laboral para los trabajadores subrogados"