Aurelia Sánchez señala que el anterior Gobierno del PP en la región  revisó “de oficio” la situación de 5.000 expedientes de personas ya valoradas, “que vieron cómo de la noche a la mañana, sin criterio ajustado a derecho, el grado de dependencia que tenían reconocido era revisado a la baja o su prestación económica disminuida, bajo su desconcierto y desazón”.