En primer lugar, un incremento del 15,5 por ciento para 2018. El incremento tiene dos objetivos fundamentales, atender a las nuevas personas que tienen que ser tuteladas por la Administración porque tienen la capacidad de obrar modificada. En segundo lugar, porque las fundaciones tutelares van a colaborar con la futura ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad creando unidades de orientación y apoyo en dichas fundaciones tutelares.