Según Aurelia Sánchez “nuestra región ha hecho los deberes y esto nos permite exigir, con total legitimidad, que el Gobierno central sea corresponsable y cumpla con la Ley”,  financie el 40 por ciento del presupuesto nacional del Sistema, ya que “actualmente solo aporta el 18% del presupuesto, frente a 63 % del Gobierno de Castilla-La Mancha y el 19% del usuario”. Por ello la “deuda histórica” con nuestra Comunidad autónoma asciende a 353 millones de euros que pide al Gobierno de España, al igual que un sistema de financiación de la dependencia, para que se tenga en cuenta el coste real del servicio que se presta, que en la región se incrementa por la baja densidad de población y la dispersión geográfica”, ha indicado la consejera.