La supresión del nivel acordado y el recorte sufrido por la comunidad autónoma, por el nivel mínimo de financiación tras la aprobación del famoso Real Decreto Ley 20/2012, ha supuesto un agujero acumulado en el arca presupuestaria de Castilla-La Mancha de más de 400 millones de euros desde 2012 a 2017.