En el marco de la Unión Europea, uno de los principales motores para la recuperación económica tras la crisis derivada de la pandemia mundial, es el paquete de ayudas económicas que se ha articulado a través del denominado “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, que tiene como objetivo contrarrestar las consecuencias devastadoras de la COVID-19 en el tejido empresarial económico y social, ofreciendo ayuda financiera a gran escala para la realización de inversiones públicas y de reformas que apoyen la estabilidad de las economías de los Estados miembros y los preparen mejor para el futuro, en especial en el ámbito social, el empleo, la educación, la investigación y la innovación, la salud, la administración pública y el sector financiero.
 
Basta indicar la importancia de estos fondos que no tienen asignación regional y que los desembolsos que haga Europa están vinculados al logro de hitos y objetivos y en las auditorías y controles, al ser los Estados miembros los encargados de asegurar medidas concretas para prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses, corrupción y fraude, y evitar la doble financiación, al usar los fondos.
 
Para poder acogernos al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia el Gobierno aprobó el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, que se articula en torno a 4 ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Está estructurado en base a 10 políticas palanca que, a su vez, integran un total de 30 componentes, aglutinando 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas.
 
Dentro de los “30 componentes” o líneas de acción, que se articulan de forma coherente y complementaria, vamos hacer una breve reseña al componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, y de manera tangencial al componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, que se enmarcan dentro del ámbito de actuación de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 
A través de estas líneas de actuación se pretende promover la modernización de los servicios sociales públicos, y en particular reforzar las políticas de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal, impulsando una mejora en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un modelo de atención centrada en la persona, así como la atención integral de las personas más vulnerables a través de políticas públicas que permitan su plena inclusión social y laboral.
 
A lo largo de la vigencia del Plan, se utilizará este espacio para publicitar, en el ámbito de la Consejería de Bienestar Social, toda la documentación e información que pueda ser de interés tanto al personal empleado público gestor de estos fondos, como a la ciudadanía; a excepción de licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones, cuya publicación se realizará por los canales que determina la normativa de aplicación.