Las políticas de la Administración de Castilla-La Mancha en esta materia se basan en actuaciones de atención integral dirigidas a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, así como su inclusión y participación plenas en la comunidad en todos los ámbitos de la vida.
 
La Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla La Mancha en su artículo 4 establece los principios que rigen estas actuaciones:
 

• Respeto a la dignidad inherente a toda persona, a su singularidad, respetando la diferencia y aceptando la discapacidad como parte de la diversidad humana.
• Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, fomentando su participación, normalización e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
• Promoción de la autonomía personal, de la vida independiente y de la libertad para tomar decisiones sobre su propia vida, potenciando sus capacidades personales.
• Igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre, facilitando el desarrollo personal y la participación activa de la mujer con discapacidad.
• Atención en el entorno natural de la persona con discapacidad.
• Atención integral durante toda la vida de la persona con discapacidad.
• La accesibilidad universal, que posibilite su inclusión y participación plenas en la comunidad.
• Respeto a la evolución de las facultades de los menores con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
• Dialogo civil y participación, promoviendo y facilitando la participación de las personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones más representativas, en la elaboración, planificación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y actuaciones públicas que les afecten.
• Responsabilidad pública, entendida como el compromiso de la Administraciones Públicas de Castilla La Mancha en procurar los recursos necesarios en colaboración con otras entidades públicas o privadas y en especial con el sector asociativo de la discapacidad.
• Implantación de un lenguaje no discriminatorio en el ámbito administrativo y fomento del mismo en las relaciones sociales, culturales y artísticas.