Además, la futura Ley regula la incompatibilidad, durante los dos años siguientes al cese,  de realizar actividades o prestar servicios en empresas que hayan tenido relación mientras se ha ejercido el cargo público. “Se establece la obligación de comunicar a aquellas empresas en las que se va a establecer relación laboral para que la Oficina de Integridad pueda comprobar que esa actividad privada es compatible con el ejercicio del cargo público”.