Tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, se trata de una medida con la que el Gobierno regional quiere fomentar “el ahorro y la eficiencia energética” del tejido empresarial de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que “se reducen las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final”.