Hernando ha explicado que la finalidad última de esta medida es “blindar esta prohibición e impedir su modificación o supresión por el Ejecutivo regional de turno” dejando esta facultad exclusivamente a las Cortes Regionales. El portavoz ha señalado que los gastos protocolarios o de representación “deben respetar los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad y finalidad pública”, principios, ha dicho, “legalmente establecidos” y ha subrayado que el personal al servicio de las administraciones públicas “debe tener un comportamiento ético ejemplar y honesto y administrar los recursos y bienes públicos con pulcritud extrema”.