Toledo, 3 de julio de 2024.- El Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha acordado esta semana aprobar el decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, dotado con dos millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera Portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa semanal para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
 
Tal y como ha explicado la consejera, “el objetivo de estas ayudas es facilitar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad y la adaptación de sus puestos de trabajo a las condiciones específicas sociolaborales de todas aquellas que, además, tengan especiales dificultades de inserción laboral”. De hecho, ha indicado también que el objetivo del Ejecutivo autonómico “es garantizar la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación, fomentando las oportunidades de empleo y el mantenimiento de este, en el marco de nuestra Comunidad Autónoma”.
 
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha hecho especial hincapié en el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha “por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad”, que, según sus palabras, “se traduce en datos como que uno de cada tres euros de la Estrategia Regional por el Empleo en la región va dirigido al empleo inclusivo”.
 
Los beneficiarios de las ayudas son empresas, personas autónomas, sociedades laborales o actuaciones subvencionables que, tal y como ha remarcado Padilla, “quedan contempladas en las cuatro líneas en las que se dividen las ayudas”. Hasta la fecha, gracias a estas subvenciones, se han destinado nueve millones y medio de euros a la inserción laboral de personas con discapacidad. Durante la rueda de prensa ha comentado también el hecho de que “se vayan a invertir 430.000 euros al día en atender a las personas con discapacidad en nuestra región”.
 
Durante su intervención, la portavoz regional ha explicado que la primera línea es para ayudas para la contratación inicial indefinida y para la transformación en contratos por tiempo indefinido de contratos temporales de personas trabajadoras con discapacidad.
 
A este respecto, ha señalado que “a estas ayudas se destinan 1,7 millones de euros y la cuantía es de 8.000 euros si la persona contratada es hombre y 8.500 si es mujer, por cada contrato celebrado por tiempo indefinido o por transformación en contrato indefinido, siempre que sean en jornada completa”. Sobre este apartado, ha añadido que “la cuantía se incrementará en 1.000 euros más si el contrato indefinido para el que se solicita la ayuda es el primero suscrito con la entidad solicitante o si la persona con discapacidad que suscribe el contrato cuanta con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento”.
 
Ayudas que forman parte de la política trasversal para luchar contra la despoblación
 
También ha explicado Padilla que en estas subvenciones se tiene en cuenta la política trasversal para luchar frente a la despoblación del Gobierno de García-Page. En este sentido, ha remarcado que, dentro de esta línea 1, “la subvención aumentará un 20 por ciento en municipios de zonas en riesgo de despoblación con más de 2.000 habitantes; un 30 por ciento en municipios de zonas definidas como zonas de intensa despoblación con menos de 2.000 habitantes y en los de más de 2.000 habitantes pero definidos como de extrema despoblación; y, por último, se incrementarán un 40 por ciento en municipios de zonas despobladas, definidas como de extrema despoblación y con menos de 2.000 habitantes”.
 
Sobre la línea número 2 de estas ayudas, la consejera ha avanzado que ha sido diseñada para la adaptación de los puestos de trabajo, la dotación de equipos de protección personal y la eliminación de barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con discapacidad, “unas medidas para las que se destinan un total de 100.000 euros”.
 
Por lo tanto, dentro de este apartado, tal y como ha manifestado Padilla, “serán subvencionables actuaciones para la adaptación de puestos de trabajo o la eliminación de barreras que impidan el trabajo de las personas con discapacidad, como las barreras arquitectónicas, la adaptación de elementos del transporte de personas con discapacidad o adaptación de máquinas, así como herramientas o mobiliario necesario para desempeñar el trabajo”. La cuantía de la ayuda será de 1.000 como máximo por persona trabajadora con discapacidad contratada.
 
En relación a la línea número 3 de estas subvenciones, la consejera Portavoz, ha manifestado ante los medios de comunicación que se compone de ayudas para la contratación inicial indefinida de personas trabajadoras con discapacidad que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, procedentes de enclaves laborales, es decir, de Centros Especiales de Empleo. “Van destinadas a personas que encuentran especial dificultad en acceder a un trabajo y son personas con discapacidad, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento, o de personas con discapacidad física o sensorial en un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento”, ha detallado. Sobre este apartado, Padilla ha aclarado que “si la persona no presenta especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral, podría beneficiarse de la línea 1”.
 
A estas ayudas se destinan también un total de 100.000 euros. La cuantía de la ayuda es de 8.000 euros si la persona contratada es hombre y 8.500 si es mujer por cada contrato celebrado por tiempo indefinido o por transformación en contrato indefinido, siempre que sean en jornada completa. “La persona beneficiaria deberá venir de un enclave laboral cuya actividad se realice en Castilla-La Mancha”, ha aclarado también Esther Padilla.
 
La última línea, la cuarta, está destinada a sufragar los costes salariales y de Seguridad Social del preparador laboral que vaya a realizar las labores de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo de la persona con discapacidad y capacidad intelectual límite. “Unas ayudas para las que se destinan 100.000 euros, con el objetivo de que estos tutores realicen tareas de seguimiento, de apoyo, de orientación o de entrenamiento”, ha concluido Padilla.