El terrorismo constituye una de las principales amenazas para la seguridad que soporta nuestra sociedad, causando destrucción, muerte y un dolor indescriptible en las víctimas, sus familias y, en definitiva, en toda la sociedad. Así, persigue crear e instalar en la sociedad un estado de terror y alteración de los valores democráticos. El fin del terrorismo es imponer por la fuerza un determinado proyecto político, infundiendo miedo en la sociedad para la consecución de sus fines políticos.
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido manteniendo encuentros de trabajo desde 2018 con asociaciones de víctimas de terrorismo. Como resultado de estas reuniones el ejecutivo autonómico quiere impulsar políticas públicas que promuevan la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.
 
Durante el año 2021 residían en la Comunidad Autónoma 284 personas afectadas por la acción del terrorismo, si bien esta cifra está sometida a la evolución de las indemnizaciones y ayudas reconocidas por la administración general del Estado por las contingencias reguladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere incorporar la memoria de las víctimas como un valor de la democracia y considera que las víctimas del terrorismo son víctimas de violaciones de derechos humanos.  La nueva normativa, el Anteproyecto de Ley de apoyo a víctimas del Terrorismo, estará fundamentada en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad.

• Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político.
• Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista.
• Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas.
• Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.

 
El Anteproyecto de Ley de apoyo a víctimas del Terrorismo tiene como finalidad la sensibilización y prevención del terrorismo, manteniendo la memoria de las víctimas y recordando el valor de las libertades que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, en particular, el derecho de todos los castellanomanchegos a una convivencia pacífica.
 
Además, el Anteproyecto de Ley contempla un haz de medidas asistenciales en materia de sanidad, servicios sociales, educación, empleo, transporte y vivienda, que va más allá de ayudas económicas optando por facultar un régimen de prestaciones completo, para facilitar la vida de las víctimas y sus familiares.