Esta iniciativa legislativa pretende garantizar a las personas consumidoras residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el acceso a mecanismos de calidad, independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos para la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo surgidos entre una persona consumidora o usuaria y una empresa, entidad o profesional.
El anteproyecto de ley tiene por objeto:
a) Determinar el marco jurídico general aplicable a los métodos alternativos de resolución de conflictos en materia de consumo en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
b) Regular el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución alternativa de conflictos en el ámbito de la Comunidad Autónoma y las obligaciones que deben de asumir.
c) Garantizar el conocimiento por las personas consumidoras de la existencia de los métodos alternativos de resolución de conflictos en materia de consumo y de las entidades de resolución acreditadas a tal fin, mediante el establecimiento de la obligación de información de las empresas y profesionales y la actuación de las Administraciones Públicas competentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma.