Rueda de prensa del Consejo de Gobierno (Blanca Fernández 11D) 2
11/12/2019Consejería de Igualdad
En las provincias de Ciudad Real y Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha invierte 20,9 millones de euros en varios recursos sociales de atención a mayores y a personas con discapacidad

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, ha resaltado “la gran apuesta del presidente García-Page por garantizar el bienestar y la calidad de vida de los hombres y mujeres de nuestra región, con especial atención a los colectivos más vulnerables”.

Toledo, 11 de diciembre de 2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a una inversión que supera los 20,9 millones de euros destinados a varios recursos sociales para la atención a mayores y a personas con discapacidad. La financiación es para los próximos tres años, de manera que se dota de un marco de estabilidad a las entidades que gestionan estos recursos.
 
De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, quien ha resaltado “la gran apuesta del presidente García-Page por garantizar el bienestar y la calidad de vida de los hombres y mujeres de nuestra región, con especial atención a los colectivos más vulnerables”.
 
La primera de las inversiones es la aprobada para formalizar el contrato del Servicio de Desarrollo de Personal e Inclusión en la Comunidad para personas con discapacidad intelectual grave (CADIG) ‘Guadiana’ de Ciudad Real. En total 12,8 millones de euros para un periodo de tres años que beneficiará a las usuarias y usuarios de las 120 plazas residenciales, 20 de ellas en las cuatro viviendas con apoyo a dependientes y cinco plazas de centro de día de que dispone el centro, así como sus familias.
 
La segunda partida aprobada por el Consejo de Gobierno asciende a 7,6 millones de euros y va destinada al contrato de gestión integral del CADIG ‘La Chopera’ situado en Yunquera de Henares (Guadalajara), también durante tres años.
 
En ambos casos, el objetivo es garantizar los derechos de participación en la región y de desarrollo personal y social de las personas con discapacidad mediante el desarrollo de una red pública de recursos especializados que les dé apoyo y capacitación.
 
Cabe apuntar que dichos centros atienden desde una perspectiva integral a personas que, a consecuencia de su discapacidad intelectual grave, asociada o no a otras discapacidades, necesitan de un nivel de apoyo extenso y personalizado para la realización de las actividades de la vida diaria, además de ser necesarios los servicios complementarios de restauración, limpieza,lavandería, mantenimiento, transporte y recepción propios de todo recurso residencial.
 
La siguiente inversión que realiza el Ejecutivo regional es la referida al contrato de concesión del servicio de estancias diurnas en el Centro de Mayores de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), que se suscribe para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 por una cuantía de 577.260 euros. “De este modo garantizamos la prestación de una atención integral a las personas mayores que, o bien presentan una determinada situación de dependencia, o necesitan una atención de carácter terapéutico, rehabilitador o psicosocial”, ha manifestado Fernández, quien ha puesto el énfasis en “ese objetivo de mejorar o mantener el nivel de autonomía de este colectivo, además de proporcionar a familiares o cuidadores el apoyo y orientación necesaria para facilitar su atención”.
 
1,7 millones para integración laboral de personas con discapacidad
 
Por otro lado, Blanca Fernández ha informado de la aprobación de una subvención de 1,7 millones de euros para impulsar la integración laboral de personas con discapacidad a través de la empresa Ilunion. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado el expediente tramitado por la Dirección General de Programas de Empleo para la concesión de dicha ayuda con el objetivo de promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
 
La consejera de Igualdad y portavoz ha destacado al respecto que “impulsar el acceso al empleo para la población más vulnerable, en este caso las personas con discapacidad, es una de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page”.
 
Precisamente, y aunque aún queda mucho por avanzar en este apartado, Fernández ha valorado el hecho de que Castilla-La Mancha lidere la tasa de actividad de personas con discapacidad en el conjunto del país, superando en casi 11 puntos la media nacional, según recoge el Instituto Nacional de Estadística. Una tasa de actividad del colectivo que roza el 46 por ciento en nuestra región frente al 35 por ciento de media nacional, un hecho “del que la ciudadanía de Castilla-La Mancha puede estar orgullosa”.
 
“Sin duda que a ello han contribuido los casi 4.800 contratos formalizados a personas con discapacidad en los primeros diez meses del año, pues representa un incremento del 12 por ciento con respecto al año anterior”, ha recordado la consejera y portavoz.
 
Además, Fernández ha dado “especial importancia” a la partida de 1,3 millones de euros que recoge el presupuesto regional de 2020 para impulsar la contratación indefinida de personas con discapacidad.
 
Avanzar en igualdad social
 
“Un gran esfuerzo que merece la pena, ha añadido Fernández, pues tenemos presente que cada oportunidad que damos a una persona con discapacidad que puede y quiere trabajar se traduce en un aprovechamiento de su valía profesional y humana que al final redunda en mayores cotas de igualdad social”.
 
En este caso concreto se demuestra ofreciendo una oportunidad laboral a las cerca de 800 personas con discapacidad que trabajan en los 12 centros que Ilunion posee en la región castellano-manchega de un total de 92 que emplean a casi 4.000 personas.
 
En cuanto a las líneas de ayudas que contempla este Decreto, cabe indicar que se distribuyen a proyectos generadores de empleo; al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, donde además de costes salariales se incluyen la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas; a la contratación de gerente y personal especializado; a la mejora de la competitividad; y al fomento de la comercialización y cooperación interempresarial.

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