La figura del Alto Cargo, así como otras asimiladas, encuentran su regulación en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. A todas estas personas que ostentan dichos cargos públicos, les es de aplicación el marco de integridad pública conformado por la legislación antes mencionada y sus normas de desarrollo.

Relación de Altos Cargos de la Administración regional. La relación de los altos cargos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la misma, su denominación, la Consejería de adscripción y la identificación de las personas que los ostentan podrá consultarla aquí. Asimismo, se ofrece información referida a las retribuciones que corresponden a cada uno de los cargos públicos para el ejercicio económico en vigor, en cuya cuantía no se incluyen los derechos retributivos por antigüedad que pudieran corresponder a su titular, en el supuesto de que tenga la condición de empleado público.

Dedicación de los altos cargos: incompatibilidades. El ejercicio de un cargo público de la Administración Regional es incompatible, en los términos previstos los artículos 14 y 34 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y el artículo 3 de la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, con el desempeño de cualquier actividad pública y privada, con las contadas excepciones contempladas en dichos preceptos.

La ley 4/2024 obliga a todos los cargos públicos a presentar, tras su nombramiento, una declaración responsable de no estar incurso en las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley 11/2003, cuya verificación y control corresponderá a la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación.

La incompatibilidad se extiende, incluso, más allá de la fecha de cese, pues durante los dos años siguientes a dicho cese, tendrán limitada la realización de determinadas actividades privadas con empresas o entidades en asuntos que tengan relación con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio del cargo. De igual manera, tendrán prohibida durante el período mencionado, la celebración de contratos de asistencia técnica con la Administración regional (podrá acceder a la información referida a las solicitudes presentadas, concedidas o desestimadas, pinchando aquí).

Retribuciones de los altos cargos: principio de remuneración pública única:   los altos cargos, en ningún caso podrán percibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Pública, ni percibir para sí dietas ni complementos retributivos de productividad, si bien, en materia de gastos de transporte, alojamiento y de manutención, tienen derecho a ser indemnizados por la cuantía exacta de los gastos realizados en el ejercicio de las responsabilidades de su cargo, siempre previa justificación documental y según la normativa aplicable.

Con carácter general, en la normativa autonómica no están contempladas indemnizaciones con ocasión del cese en el cargo. No obstante, la disposición adicional tercera de la Ley 4/2024, regula una prestación por inactividad laboral que podrá solicitarse por los miembros del Consejo de Gobierno y, en algunos casos muy excepcionales, por las personas titulares de los cargos directivos y de apoyo (puede consultar dicha información aquí).

Las retribuciones atribuidas a los Altos Cargos de la Administración regional, en concreto a los miembros del Consejo de Gobierno y a los titulares de los órganos directivos y de apoyo, en las cuantías brutas anuales, configuradas en las respectivas leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, pueden ser consultadas aquí.

Perfiles profesionales y otra información relevante de los altos cargos. En el apartado del Portal de Transparencia Nuestro Gobierno ¿quién es quién? podrá acceder a la información más relevante de de los miembros del Consejo de Gobierno y de las personas titulares de los órganos de apoyo a los miembros del Consejo de Gobierno, de asistencia política y técnica y directivos de la Administración de cada Consejería de acuerdo a la clasificación que efectúan los artículos 26, 30 y 31 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Podrá consultar su perfil y trayectoria profesional, agenda de trabajo, organigrama, última declaración de bienes, rentas y actividades, así como datos de ubicación y contacto.

Entre la información que puede consultarse, destaca la referida a la adhesión al Código Ético de los altos cargos o asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno en fecha 20 de febrero de 2018 que, en la práctica vino a sustituir a la declaración responsable del artículo 36 de la Ley de Transparencia, hoy derogado.

Declaraciones de actividades, bienes y rentas. Todos los cargos públicos -Altos Cargos- y asimilados están obligados a la presentación de declaraciones de actividades, bienes y rentas tanto a la toma de posesión como al cese y, en su caso, en los períodos anuales de duración del ejercicio del cargo. La regulación de dicha obligación se contiene en los artículos 20 y 34 de la Ley 11/2003 y artículo 5 de la Ley 4/2024, que prevé su publicación anual en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el portal de Transparencia. En el siguiente enlace se accede a la página de consulta de las declaraciones de bienes, rentas y actividades. 

Las declaraciones, como su propio nombre indica, contienen información referida a las actividades desempeñadas por los cargos públicos en los últimos cinco años, a los diferentes bienes que se posean, adquiridos con anterioridad o posterioridad al acceso al cargo, y las rentas obtenidas por el ejercicio del cargo o por otros motivos. Esa información será objeto de control por parte de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación.