El 10 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE, con ámbito estatal y carácter básico, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Su aplicación y contenido se vertebra en tres vertientes: la transparencia en la actividad pública a través de la publicidad activa, el reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la información y el buen gobierno, que se concreta en obligaciones que vinculan a los responsables públicos y en las consecuencias que derivan de su vulneración.

En el caso de Castilla-La Mancha, el artículo 4. Dos de su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, impone a los poderes públicos regionales, como correlato del artículo 9.2 de la Constitución, el deber de promover las condiciones para la efectiva libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que éstos se integran, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la Región.

Esta Ley resulta, por tanto, imprescindible para lograr la adaptación de la normativa básica estatal al ámbito territorial de Castilla-La Mancha, adaptación necesaria particularmente en la definición de las unidades y órganos competentes en materia de transparencia y buen gobierno, en la resolución de las reclamaciones y, en concreto, para la imposición de las sanciones correspondientes. Estas materias, por corresponder al ámbito competencial exclusivo autonómico de “autoorganización”, no pueden perfilarse adecuadamente desde la legislación estatal.

Aprovechando esa oportunidad, y profundizando en la senda de otras Comunidades Autónomas que cuentan con legislación propia en la materia, nuestra Comunidad Autónoma, con el objetivo de acercar la Administración Regional al ciudadano, fomentar la transparencia en su actuación y garantizar el acceso a la información pública, no debe limitarse a trasvasar simplemente el conjunto mínimo de obligaciones impuestas desde el Estado. Como manifestación inequívoca del compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto de la transparencia, el Anteproyecto de Ley que ahora se tramita, ha de servir, asimismo, para completar con medidas más ambiciosas y exigentes el marco normativo impuesto por la legislación básica estatal, no sólo en lo atinente a la transparencia, sino también en lo relativo al ámbito del buen gobierno, la buena administración y el gobierno abierto.  

Por ello, la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por medio de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, quiere, a través de la web institucional, garantizar la transparencia en el proceso de toma de decisiones, dando publicidad del Anteproyecto de Ley de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha, para que los ciudadanos puedan conocer el desarrollo de su elaboración y tramitación.

En esta página se puede consultar el estado de tramitación del proyecto normativo.