La actividad de las Administraciones públicas tiene una incidencia inmediata en la ciudadanía y por esa razón uno de los desafíos más importantes en la administración pública consiste en la definición, desarrollo y ejecución de políticas públicas de simplificación administrativa orientadas a atender de manera óptima, sencilla y rápida las necesidades de las personas. La simplificación debe considerarse como continuada en el tiempo, y no puntual, que se implantará en la cultura organizativa con carácter permanente como una tarea administrativa más y que como tal debe ser entendida y aceptada por la organización en su conjunto. El proceso de simplificación requiere de constantes actuaciones de revisión de los procedimientos en adaptación y mejora permanente.
 
   La simplificación administrativa actúa básicamente sobre los procedimientos administrativos, comprendiendo acciones o conjunto de acciones que tienen por objeto reducir o eliminar fases, documentos, requisitos o trámites, con la finalidad de agilizar el procedimiento y mejorar la prestación de los servicios públicos, sin que ello suponga una merma de los derechos y las garantías de los interesados ni de la seguridad jurídica. Para ello es imprescindible llevar a cabo actuaciones de mejora de la regulación con el fin de incrementar la calidad de las normas en todos aquellos puntos que supongan la aparición de obstáculos innecesarios a la competencia, la innovación y el crecimiento económico, pero también promover la utilización de los diferentes mecanismos de simplificación existentes, ya sea mediante la elaboración de guías metodológicas o mediante la utilización de herramientas informáticas que permitan una gestión ágil del procedimiento.