La Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, crea la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, difiriendo la regulación de su composición, ámbito de actuación, finalidad y funciones a la aprobación de un decreto posterior que debía ser propuesto por la consejería competente en materia de hacienda. Así, se aprueba el Decreto 74/2018, de 23 de octubre, que abordó dicha regulación y profundizó, respecto a la regulación anterior dictada siete años atrás, en la configuración del sistema de contratación centralizada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El citado Decreto 74/2018, se aprobó a los pocos meses de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Tras dos años de vigencia de esta norma, se han puesto de manifiesto aspectos del decreto que conviene modificar con el fin de hacer más eficiente la organización y la gestión de la contratación centralizada en sus diferentes modalidades. Asimismo, y en consonancia con las restantes comunidades autónomas, es conveniente impulsar el ejercicio de las funciones consultivas y de asesoramiento de la Junta Central de Contratación para lo que resulta imprescindible redefinir sus funciones y esbozar aspectos fundamentales de su organización y funcionamiento.