De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de norma, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
 

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.

3.  Los objetivos de la norma.

4.  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 
En cumplimiento de lo anterior, y para la elaboración del Anteproyecto de Ley de estímulo económico de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha, se plantean diversas cuestiones contenidas en el documento adjunto.
 
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento en el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/actuaciones, siendo el último día del plazo el 5 de diciembre de 2016, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.anteproyectoleyzonasprioritarias@jccm.es
 

Antecedentes de la norma

El artículo 31.1.12ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias exclusivas sobre planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
 

Problemas que se prevén solucionar con la nueva norma

La futura Ley establecerá medidas para lograr un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes de la Región Para ello, se requiere una actuación de la Administración encaminada a fomentar la actividad económica, mediante la concesión de incentivos en aquellas zonas geográficas menos favorecidas y que atraviesan especiales dificultades económicas, que contribuyan a la cohesión económica, social y territorial de la Región en su conjunto.
 

Necesidad y oportunidad de su tramitación

El nuevo marco normativo que se plantea se justifica y resulta oportuno en la medida que responde a compromisos adquiridos por el Presidente en el Debate Sobre el Estado de la Región celebrado los días 5 y 6 de octubre de 2016:  “En el primer  período de sesiones  del año próximo, mi Gobierno propondrá a la Cortes la aprobación de la Ley de Zonas Prioritarias, para que determinadas zonas concretas de la región, que tienen especial dificultad económica (…) puedan acogerse a beneficios mucho mayores en la instalación de empresas y desarrollo de infraestructuras”.
 
Asimismo, la norma es oportuna y necesaria para dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno de la Región en el marco de Pacto por la Recuperación Económica  de Castilla-La Mancha 2015-2020, suscrito el día 19 de septiembre de 2016 entre el Gobierno Regional  y los agentes económicos y sociales más representativos de la Región. Concretamente en el Eje 1 (Promoción Económica y Empresarial)  se establece como línea estratégica la incentivación empresarial, y como uno de sus objetivos fundamentales  “regular determinadas zonas de la región como prioritarias para atraer inversión, promocionar, incentivar e impulsar su actividad industrial”.
 

Objetivos de la norma

Se consideran como objetivos a conseguir con la elaboración de Anteproyecto de Ley:
 
 

• Paliar los efectos de la crisis: destrucción de empleo, incremento del paro, desaparición de empresas, caída de la inversión, etc. y sus desiguales repercusiones en el territorio. La emergencia de zonas industrializadas en declive y el riesgo de que sufran un paro estructural o endémico.

• Fomentar la creación de empleo y  la inversión con medidas de discriminación positiva hacia estas zonas con una elevada y persistente tasa de desempleo.

• La necesidad de contar con un marco normativo  que ampare las medidas anteriores.

Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias

A juicio de esta Consejería, y teniendo en cuenta los objetivos ambiciosos que se pretenden, así como para garantizar una mayor seguridad  y transparencia para los operadores jurídicos, lo más conveniente sería la elaboración de una ley que determinase objetivamente las zonas que deben considerarse prioritarias, y las medidas de discriminación positiva que puedan contribuir al desarrollo de dichas zonas.
Otra alternativa sería incluir las medidas de discriminación positiva en los instrumentos de incentivación, como por ejemplo, las líneas de subvenciones que se convoquen.
No obstante, se considera más acorde con el principio de seguridad jurídica y más transparente, que sea una ley la que determine las medidas a implementar.