Se ha recibido oficio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Alcalá de Henares practicando ofrecimiento de acciones a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, del artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento criminal en calidad de perjudicado, en la Diligencias previas 1517/2024 incoadas por delito de falsedad documental, referida a una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, por la utilización de certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria falsificados por parte de las personas que son contratadas en residencias de mayores y que estarían siendo utilizadas por personas, a sabiendas de su falsedad, para poder acreditar que están en disposición de una titulación de la que carecen para poder ejercer su actividad en dichos centros y ser contratados.
Existe un interés legítimo en participar en el procedimiento en calidad de perjudicado, habida cuenta de que, tal y como pone de manifiesto la Policía Nacional, la utilización de certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria falsificados por parte de las personas que son contratadas en residencias de mayores, para poder ejercer su actividad en dichos centros y ser contratados, perjudica no sólo a las personas que deben ser atendidas en las mejores condiciones y con los conocimientos necesarios para ello, sino también a la credibilidad de los certificados que expide esta Administración. En este sentido, la Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral ha puesto de manifiesto, mediante escrito de 12 de marzo de 2025, que se muestra favorable a participar en las acciones que en calidad de perjudicado corresponden ante el Juzgado.
A tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la decisión del ejercicio de las acciones en vía jurisdiccional por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico, a iniciativa de la Consejería con competencias en la materia afectada.